La huelga de letrados judiciales obliga a un autónomo de Castrillón a cerrar su negocio

La huelga de letrados de Justicia, que ha cumplido ya su undécima semana, ha generado un atasco monumental en los juzgados: según la última estimación, casi 400.000 juicios y vistas suspendidos, más de 430.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados; y 1.300 millones de euros retenidos en las cuentas de consignaciones judiciales. Y dentro de ese marasmo se ha "ahogado" un autónomo castrillonense al que, según el abogado que lo representa, el conflicto abierto por los letrados para reivindicar mejoras salariales le ha obligado a cerrar su negocio, una empresa que tenía actividad por toda la comarca avilesina.

El castrillonense había sido incluido en un fichero de morosos por una entidad financiera (una conocida entidad de tarjetas de crédito revolving), con los consiguientes trastornos que esa situación entraña. Disconforme con esa puesta en duda de su solvencia patrimonial, el afectado interpuso una demanda. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Avilés falló el pasado 23 de enero a favor de la pretensión del hombre de recuperar su estatus de personas solvente, además de reconocerle el derecho al cobro de una indemnización de 2.500 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor.

Pero la notificación de esa sentencia a las partes –el demandante y la entidad financiera demandada– no se produjo, debido al atasco que ha generado la huelga de letrados judiciales, hasta el pasado 28 de abril. A eso ha de añadirse que existe un plazo de veinte días para que la sentencia se cumpla, un periodo que aún no ha finalizado.

El resultado de todo esto es que el castrillonense sigue inscrito a día de hoy en el fichero de morosos y en consecuencia tiene cerradas las puertas a cualquier operación de crédito, incluso a la modificación de contratos de servicios de suministros básicos como pudiera ser la luz. Y debido a eso, según asegura su abogado, ha tenido que cerrar el negocio que le daba de comer por la imposibilidad de pedir un préstamo con el que esperaba "remontar tras la caída de carga de trabajo que sufrió debido al covid".

"Esta es solo una historia de las miles que está dejando la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, pero no por eso es menos dramática e injusta", lamenta el abogado que ha defendido los intereses del autónomo castrillonense. Este profesional de la Justicia –solicita confidencialidad por temor a represalias del colectivo profesional en huelga– critica que "mientras empresas y ciudadanos tratan de salir adelante esperando pronunciamientos judiciales, los encargados de realizarlos se ponen por objetivo mejorar un sueldo que ya se encuentra muy por encima del de la media de ciudadanos de la región, paralizando la Justicia y dejando a algunos ciudadanos como este empresario castrillonense sin oportunidades".

El despacho de abogados que ha llevado este caso analiza ahora si existe la posibilidad de demandar a la Administración de Justicia por el retraso sufrido en la notificación de una sentencia, una demora que ha causado "daños objetivables" en forma de cese de una actividad empresarial y las consiguientes pérdidas económicas.

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