La factura del cierre de Alcoa sale gratis
Se cumple un año del despido de los trabajadores del aluminio: ninguno ha cobrado ni un euro, nadie ha sido condenado y los políticos que mediaron en la crisis están recolocados
Cruces alegóricas del fin de la actividad del aluminio colocadas delante de la fábrica de San Balandrán. / MARA VILLAMUZA
Hace justo un año que tenía que haber acabado la historia de desindustrialización más triste de la comarca, pero la crisis del aluminio es un monstruo que se resiste a morir: se alimenta del infortunio. El 30 de abril del año pasado concluyó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que los trabajadores de Alu Ibérica habían firmado con el administrador judicial de la empresa Alu Ibérica (entonces era un delegado de la Audiencia Nacional el que estaba al frente de la empresa esquilmada presuntamente por una trama liderada por Víctor Rubén Domenech). Eso había sucedido seis meses antes, en octubre de 2021. Al día siguiente del final del ERTE, las doscientas y pico personas que habían sido reguladas en la fábrica de Avilés tenían que haber ingresado en las listas del paro, pero el 1de mayo se celebra el Día del Trabajo y no el de los despidos, así que actualizaron su nueva situación a partir del 2 de mayo. Y ahí tenía que haber terminado la larga agonía que había empezado en noviembre de 2018, cuando la multinacional Alcoa dijo que iba a cerrar la fábrica de San Balandrán. Sin embargo, la agonía se mantiene sin dar la menor tregua.
"Estamos hasta las pelotas", declaran todos con la mayor claridad que encuentran en el diccionario.
Los meses previos al despido masivo, los representantes sindicales y la multinacional Alcoa habían estado negociando un acuerdo que, grosso modo, tenía dos puntos: los ex empleados de la compañía aluminera iban a cobrar 60 días por año trabajado y 10.000 euros lineales si renunciaban a mantener la acusación penal de que Alcoa había sido corresponsable de la descapitalización fraudulenta de la propia fábrica y también si hacían lo propio por la vía laboral (la sala de lo social de la Audiencia Nacional sentenció que la multinacional que preside Roy Harvey había incumplido el acuerdo alcanzado con sus trabajadores: vender la empresa a una sociedad "seria y solvente" o aplicar un plan social).
"Eso lo hicimos: todo lo que nos pidieron lo cumplimos, pero un año después seguimos sin cobrar un céntimo", se lamenta otro de los despedidos consultados por este periódico. Ninguno de los consultados ha accedido a dar su nombre para salir en este reportaje: están reiniciando sus nuevas vidas, trabajando aquí y allá, y quieren evitar el estigma de la crisis del aluminio, que más que estigma es una estaca.
Entre pitos y flautas, los despedidos de Alu Ibérica ya tienen gastados como máximo un año y medio de paro (el ERTE no era gratis).
O sea, la primavera del año 2022 tenía que haber sido la de negociar el futuro y la de la despedida y cierre de Alu Ibérica y Alcoa, pero ninguna previsión se cumplió. "Aquí seguimos, sin indemnizaciones, gastando los meses de paro, cubriendo vacaciones, algunas bajas, buscándonos la vida que perdimos en la fábrica". Entre pitos y flautas, los despedidos de Alu Ibérica ya tienen gastados como máximo un año y medio de paro (el ERTE no era gratis). Buena parte de ellos, se ha ido recolocando en obras de mantenimiento, otros (muchos) hicieron las oposiciones de Renfe y Adif, unos pocos se han estado preparando para cambiar de sector: del metal a las enseñanzas profesionales. Uno de ellos ahora es policía.
Ninguno ha cobrado, sin embargo, ni su liquidación, ni la indemnización correspondiente. Y no lo han hecho "porque Alcoa considera que no debe pagar". Y lo considera porque la empresa y varios de sus altos mandos han vuelto a la lista de imputados en la causa de ruina de la fábrica de aluminio asturiana. El caso es que este acuerdo –que está aprobado por el Tribunal Supremo– es el que aduce (de momento) el Fondo de Garantía Salarial para no pagar las indemnizaciones oficiales (no puede haber dos indemnizaciones). Esta circunstancia parece que ha encontrado una vía de solución, pero la confianza de los trabajadores en las promesas hace tiempo que es ninguna o casi ninguna. "Hasta que no veamos los ingresos en nuestras cuentas, no lo creeremos", dicen todos los consultados.
"¿Cómo vamos a creer en los políticos si el responsable de la política industrial de esta región no ha encontrado siquiera el modo de pedir a Europa unos fondos para nuestro reciclaje profesional?", se preguntan los ex trabajadores de Alu Ibérica.
Hablan de Enrique Fernández, el consejero de Industria delo Principado de Asturias, que fue reprobado por la Junta General del Principado en enero de 2022. Y de lo que hablan es de que la Xunta de Galicia solicitó a la comisión de Presupuestos de Bruselas fondos para la formación de trabajadores despedidos y se los han concedido (1,2 millones de euros). En Asturias no se pidieron porque no encontraron "suficientes afectados". Todos los sindicatos calificaron esta circunstancia de "vergonzosa" y resumieron: "El Consejero se toma esto por lo personal".
Pero el malestar con la clase política no se limita a la región. "Reyes Maroto, la ministra de Industria, se ha marchado porque quiere ser alcaldesa de Madrid, y, antes de irse, ha recolocado a todos los que nos llevaron a esta situación", determinan. Y esos son: Raúl Blanco, antiguo secretario general de Industria, hoy presidente de Renfe; y Juan Ignacio Díaz Bidart, antiguo jefe de gabinete de Reyes Maroto y hoy director de la Escuela de Organización Industrial, donde precisamente sustituyó al propio Blanco, que con la crisis de los trenes de Asturias y Cantabria fue rescatado para la acción.
¿Y qué queda? Queda que empiece el juicio contra los responsables del vaciado de la empresa y encontrar quien presente una oferta contante y sonante por la fábrica, pero la confianza en que esta llegue hace tiempo que ha empezado a disiparse: "Vamos camino del desgüace y aquí nadie se va a responsabilizar de ello".
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