Los dueños de viviendas turísticas impugnan la regulación de Avilés
Los propietarios alegan que ya existe legislación y el Ayuntamiento defiende su ordenamiento con una sentencia del Supremo
Raquel Ruiz y Sara Retuerto.
La Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la regulación del alquiler turístico de Avilés. Su presidente, Manuel García, explicó que "la regulación de uso que se añade a la declaración responsable modifica la normativa de uso turístico, cuando estas viviendas están reguladas por ley".
Las ediles de Disciplina Urbanística, Sara Retuerto, y de Turismo, Raquel Ruiz, presentaron en octubre la primera regulación en Asturias, dentro de las competencias municipales, para la apertura de viviendas de uso turístico.
Manuel García explicó que ya tienen cabida en la normativa del Principado, pero además, "en el ordenamiento jurídico figura el alquiler temporal de vivienda de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos". Añadió que "nuestras viviendas están inscritas, hay un control policial y una célula de habitabilidad para saber el número de personas que las pueden ocupar, y control fiscal por parte de la Agencia Tributaria".
La concejala de Turismo y Hacienda, Raquel Ruiz, señaló ayer que "cada vez más municipios de toda España creemos que este tipo de instrucciones y herramientas de ordenación de las viviendas turísticas son necesarias. Empezamos nosotros pero hay otros municipios que también están aplicando nuevas medidas".
La edil aseguró que "era de esperar que llegaran reclamaciones de determinadas asociaciones, pero nuestra obligación como administración es defender el interés general y actuar". Y añadió que "es importante tener en cuenta que las regulaciones deben equilibrar los intereses de los residentes, los turistas y los propietarios de pisos turísticos. Un enfoque equilibrado es el que puede garantizar que los beneficios del turismo se maximicen sin comprometer la calidad de vida de los residentes". La edil defendió que "existe una sentencia del Supremo que califica estas viviendas como lo que son, una actividad económica, y como tal deben tratarse urbanísticamente. Nuestro Plan Urbano posibilita esta ordenación amparándose en esa sentencia".
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