Una de las acusaciones persiste en la idea de juzgar como homicidio la muerte de una vecina de La Carriona en 2022

Abogadas por la Igualdad ha presentado recurso de apelación contra la decisión del juez de encausar al hombre por lesiones

La concentración de condena por la muerte, en 2022, de la avilesina Soraya Suárez, entonces atribuida a un episodio de malos tratos.

La concentración de condena por la muerte, en 2022, de la avilesina Soraya Suárez, entonces atribuida a un episodio de malos tratos. / María Fuentes

Francisco L. Jiménez

Francisco L. Jiménez

El reciente auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés que cambia el procedimiento para juzgar a la pareja sentimental de Soraya Suárez, la vecina de La Carriona de 32 años hallada muerta en su casa en diciembre de 2022, ya ha tenido una primera contestación: la de la asociación Abogadas por la Igualdad, que persiste en la idea de que el hombre sea juzgado por homicidio en una vista oral con jurado popular y no como ahora plantea el juez, con un procedimiento abreviado y para responder de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

La decisión del juez de modificar el procedimiento deriva del cambio de imputación de delitos al reo; si inicialmente se le atribuyó uno de homicidio, a la vista de las pruebas practicadas en la instrucción y tomada declaración a los forenses el juez cambió la imputación por otra de lesiones en el marco de un episodio de malos tratos. Esta misma consideración ya había movido al titular del Juzgado de Violencia de Género de Avilés a poner en libertad en mayo de 2023 al hombre, que fue detenido el 22 de diciembre de 2022 y enviado a prisión dos días después como presunto autor de la muerte de su compañera sentimental.

La iniciativa de persistir en el enjuciamiento por homicidio que promueve la asociación Abogadas por la Igualdad se ha plasmado en las últimas horas en la presentación de un recurso de apelación contra el auto judicial al que también se ha adherida otra de las acusaciones particulares personadas en el caso, en concreto la que representa al padre de Soraya Suárez. Una tercera acusación popular defiende los intereses del hijo de la mujer y aún hay una cuarta que tampoco se ha pronunciado de momento: la Abogacía del Estado, en su caso defendiendo las tesis del Ministerio de Igualdad.

También habrán de pronunciarse sobre el procedimiento para juzgar a la pareja de Soraya Suárez el Ministerio Fiscal y la defensa del hombre, que ejerce la penalista asturiana María Escanciano, que obviamente se opondrá a la pretensión de inculpar a su representado de un delito de homicidio.

La prueba que dio un giro de 180 grados a este caso –calificado desde el primer momento como "asesinato machista" por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género– fue el contenido de la autopsia: el cadáver de Soraya Suárez presentaba lesiones, pero no compatibles con la muerte, que se habría producido –en opinión de los forenses– por un fallo orgánico derivado de la ingesta masiva de drogas.

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