Avilés, capital de las "energías verdes": esto es lo que pide el sector eólico al Principado para avanzar en su desarrollo

¿Por qué la ciudadanía se opone a la instalación de aerogeneradores en sus concejos, o de cualquier otro tipo de infraestructuras generadoras de energía, como los parques de baterías? Pues según los expertos, las razones son varias, pero fundamentalmente porque carece de información adecuada y de la oferta de oportunidades que genera, y no solo económicas, sino como generadores con la constitución de comunidades energéticas para su autoconsumo. Si estos factores son importantes, el sector eólico reclama al Principado una planificación no solo para la construcción de nuevos parques, sino también para abordar su "repotenciación", además de una mayor agilidad administrativa.

El complejo asunto se abordó ayer en la segunda jornada de la V edición de NorteRenovables, el congreso organizado por la Cámara de Comercio de Avilés en el que se analiza la transición energética, el estado actual y los retos que afronta. La mesa redonda sobre los principales factores limitativos de proyectos eólicos contó con la participación de Carlos García, director general de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Javier Martínez, presidente de la Asociación Eólica del Principado (AEPA), Paco Ramos, portavoz de Ecoloxistes en Acción, y Javier Granero, de la consultora Taxus, especializada en informes de impacto medioambiental.

Las torres eólicas cada vez serán de mayor tamaño y potencia, lo que se traduce en un menor número de aerogeneradores, pero la necesidad de cubrir la demanda energética con la transición de los combustibles fósiles a energías limpias, obligará a buscar espacios para instalar esas enormes infraestructuras.

El presidente de los promotores señaló que en Asturias existen parques eólicos en 14 municipios, y que estas infraestructuras supone el 8% de esos presupuestos locales. "Fiscalmente la aportación a esos concejos ascendió en 2023 a 10 millones de euros, a los que hay que sumar los abonos de los arrendamientos por la ocupación de los terrenos, que en muchos casos acaban en las arcas municipales, y otras medidas compensatorias adicionales para esos ayuntamientos". Y añadió que "cuando un municipio tiene más dinero, puede ofrecer más servicios y eso ayuda a aumentar la población".

El director de FAN explicó que la transición energética "hay que hacerla, pero hay que hacerla bien". Y para eso "hay que trabajar con la ciudadanía desde la información veraz, explicando por qué, los beneficios generales y también los que supone para el territorio en concreto", y a abogó por una labor de "interrelación, porque los bulos han hecho que la ciudadanía ni se fíe de las empresas energéticas ni de los políticos".

Javier Granero se refirió a la "enorme complejidad" de los informes medioambientales y la subjetividad con la que los proyectos se analizan en algunos territorios, prolongando los proyectos durante años e incluso haciendo que se descarten. Por eso, al igual que Javier Martínez y Carlos García, defendió la necesidad de que los territorios tengan una planificación actualizada con criterios de actuación cuantificables claros y en los que primer el interés común superior.

Paco Ramos incidió en la defensa de los ecosistemas donde se instalan torres eólicas y señaló que en Asturias "no existe un solo proyecto de autoconsumo renovable", y mostró su escepticismo ante la posibilidad de que se puedan crear comunidades energéticas. "Según que las van a montar las grandes energéticas, porque el ‘sistema’ lo acaba engullendo todo", sentenció.

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