Cierre de la instrucción al asalto de Alu Ibérica: 8 investigados pasan a ser acusados de pertenecer a una organización criminal

La investigadora acuerda el sobreseimiento de las actuaciones para Alcoa Inespal y sus cuatro representantes

Agentes de la Policía Nacional en la puerta de las antiguas instalaciones de Alu Ibérica, en San Balandrán. | Ricardo Solís

Agentes de la Policía Nacional en la puerta de las antiguas instalaciones de Alu Ibérica, en San Balandrán. | Ricardo Solís

Tono Calleja / S. Fernández

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, la encargada de investigar la descapitalización de las fábricas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña (antigua Alcoa), ha propuesto juzgar a ocho personas por las presuntas irregularidades cometidas en la compraventa de las plantas de aluminio primario. La lista de investigados que pasan a imputados la encabezan Víctor Rubén Domenech -por otro nombre, David-, el ciudadano alemán Joachim Magin y la expareja del primero, Alexandra Camacho.

En el auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, la magistrada explica que los hechos son constitutivos de delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal. 

La resolución acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones para una persona jurídica (Alcoa Inespal) y cuatro físicas y el sobreseimiento provisional para otras tres.

La jueza recuerda que la causa se inicia por una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales debido al proceso de venta de las plantas de producción de aluminio que la empresa Alcoa Inespal SL tenía en La Coruña y Avilés dada la difícil situación económica que atravesaban.

La venta de las plantas, explica, se produjo en dos fases. En la primera de ellas, el 31 de julio de 2019, Alcoa vendió el cien por cien de los dos centros de producción por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo. En la segunda venta, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, que también había sido constituida poco antes por uno de los investigados.

Para llevar a cabo la venta, afirma el auto, los 13 millones utilizados en la operación se detrajeron de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar.

La instrucción ha revelado, continúa, que de forma previa a la segunda venta uno de los investigados ordenó transferencias por una cantidad cercana al millón de euros desde las cuentas bancarias de Alu Ibérica a cuentas suizas de empresas que controlaba.

Desviar activos hacia su patrimonio

Igualmente, según la jueza, a partir de la segunda transmisión irregular de las dos factorías “se empieza a desarrollar una concatenada y reiterada sucesión de hechos que tendrían como objetivo la descapitalización y despatrimonialización de las entidades y sus iniciales activos y su desvío y canalización, bien hacia el patrimonio personal de los investigados, bien a las estructuras societarias que han ido configurando ad hoc para apoderarse de aquellos”. Todo ello con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y acreedores de las empresas.

A modo de ejemplo, indica, se interpusieron sociedades en la compra de productos para incrementar artificialmente su precio, se simularon préstamos, se desvió dinero a mercantiles controladas por los investigados, o se asignó un sueldo “desorbitado” a otra de las investigadas.

Todas estas actuaciones se prolongaron en el tiempo hasta que fue nombrado un administrador judicial por el juzgado de la Audiencia Nacional en julio de 2021 y se decidió la solicitud de concurso de acreedores de las sociedades, que se acordó a finales de ese año.

Por último, la magistrada destaca cómo los investigados invirtieron las ganancias obtenidas en la adquisición de criptomonedas con el fin de su posterior conversión a moneda de curso legal. También habrían ofrecido a terceras personas una remuneración a cambio de transformar dinero de origen desconocido en criptoactivos y, posteriormente, en dinero en metálico.

Una vez dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, la jueza da un plazo a la Fiscalía y las restantes partes acusadoras para que soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

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