Nuevo revés judicial a la regulación de las viviendas turísticas de Avilés: esto es lo que ha dicho el juez

El Ayuntamiento de Avilés no puede regular las viviendas turísticas porque el decreto que aprobó para ello –en octubre de 2023– "vulnera el Plan General de Ordenación Urbana, la ley de Turismo y hasta el ordenamiento administrativo común", señala Manuel Herminio García, que es el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas Turísticas, y quien llevó ese decreto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2, que lo califica de que no es "conforme a derecho". La sentencia, firmada ayer, señala que el Ayuntamiento tendrá que abonar al denunciante 500 euros en calidad de "costas procesales" por haber aprobado este decreto.

Esta es la segunda sentencia que descalifica la pretensión del Ayuntamiento de Avilés de regular las viviendas de uso turístico: la primera la inspiró una denuncia del partido Vox, que adquirió firmeza a finales del mes pasado.

La sentencia, en todo caso, anula el decreto que buscaba la regulación de este tipo de negocios. Esto quiere decir, según interpreta Manuel Herminio García, que la apertura de este tipo de negocios vuelve a su sitio: al Principado, que es la administración que tiene la competencia turística (esa no la tiene el Ayuntamiento).

Esto es lo que había pretendido subsanar el Ayuntamiento con la aprobación del decreto que ahora, finalmente, está anulado. Y es que el Ayuntamiento había venido "considerando exentos de licencia municipal de apertura los alojamientos turísticos, bajo la premisa de que, no existiendo actividad comercial, industrial o recreativa en los inmuebles destinados a estos usos, ni produciéndose con los mismos un cambio del uso residencial privado, la competencia para su regulación escapaba de la esfera municipal, quedando sujetos, además de a la normativa reguladora de los contratos entre particulares, a la regulación autonómica", recuerda García.

Lo que sucede, interpreta García, es que el Ayuntamiento "asume como propio el debate público en torno a las viviendas turísticas que se ha ido reproduciendo a lo largo y ancho de la geografía europea en busca de soluciones jurídicas para limitar la implantación de estas actividades". Y, además, recibe "el empujón tanto del Presidente Barbón como de la Vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, que invitan a otros concejos a que sean ‘valientes y adopten decisiones similares’", añade García. "El problema es que desde que salió este decreto no se abrió ninguna vivienda turística, es decir, catorce meses sin desarrollar una actividad legal por un decreto ilegal", resume.

Suscríbete para seguir leyendo