Un interpretación legal de una decisión urbanística, origen de la división del PP de Castrillón

La desautorización del Alcalde de Castrillón al concejal de Territorio y Deportes, Gustavo Prieto, cuyas competencias le han sido retiradas para la próxima comisión informativa en la que se abordará la tramitación de un aparcamiento en el Aeropuerto de Asturias ha desembocado en una denuncia del edil en la Guardia Civil. Lo que se trata de dirimir es quién dio la orden, para su envío al Boletín Oficial del Principado ( "Bopa"), de que se paralizara una corrección de errores detectados en el plan especial para convertir en aparcamiento de vehículos unos terrenos próximo al aeródromo asturiano.

Según las fuentes consultadas, el expediente está "correcto" pero fue la decisión de paralizar ese trámite lo que hizo saltar las alarmas y que el concejal de Territorio acudiera al cuartel de Salinas para aclarar quién o quiénes eran los que no veían necesario el paso de la publicación en el "Bopa". Las mismas fuentes explican que el concejal trató de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieran un informe en el que se aclarara que dicha subsanación de errores (referidos principalmente a las referencias catastrales de esas fincas) no requería del trámite del boletín oficial sino del Pleno municipal, como ahora tratan de activar desde el gobierno municipal. El edil pidió un informe jurídico al respecto que nunca se realizó. Con la retirada de competencias a Prieto, se podrá dar luz verde a su aprobación en la sesión plenaria del próximo día 28.

La tramitación del dicho aparcamiento se inició hace ya siete años y lo que se trata de resolver desde los dos frentes abiertos en el PP de Castrillón (tanto del lado del edil desautorizado como del propio gobierno alineado con el Alcalde, Eloy Alonso) es de no llegar a que el propietario del futuro negocio les denuncie por la paralización del expediente. Cabe recordar que habían pasado ocho meses desde que se publicó en el "Bopa" la aprobación definitiva del plan especial para el uso de unas fincas próximas al Aeropuerto como estacionamiento de vehículos hasta la detección de los errores que trataron de subsanarse vía "Bopa".

Al respecto, desde el grupo municipal de Vox, salieron ayer al paso asegurando que "ante un expediente denunciado por el concejal responsable del área, el Alcalde debería haberse posicionado del lado de su propio compañero de gobierno". Y abundaron: "Esto nos ratifica las supuestas y posibles maniobras de algunos ‘santísimos’ funcionarios que quieren gobernar el Ayuntamiento". Rafael González gallego, portavoz municipal de Vox, juzga "sospechoso" que después de siete "año largos" del inicio del expediente y, a raíz de una denuncia, "desde el Ayuntamiento se empiecen a ver algunos movimientos extraños, contradictorios y urgentes".

Desde las filas de Vox Castrillón insisten en lo "inaceptable" que resulta que no exista referencia documental alguna a la decisión de optar por el trámite del pleno para subsanar los errores del expedientes, en lugar de la vía "Bopa" que apoyaba el concejal de Urbanismo. "¿Qué es lo que está correcto: la rectificación llevada a cabo por la Oficina Técnica y el concejal de Urbanismo y remitida a "Bopa", o las supuestas indicaciones verbales de los funcionarios al Alcalde de que estaba todo correcto?", se pregunta González Gallego. Vox asegura no dar credibilidad a las "versiones aireadas" desde los grupos de la oposición al respecto –en alusión a IU y PSOE– y atribuye a un "supuesto asesoramiento interno, bastardo e interesado, y a una torpeza del Alcalde" la brecha abierta ahora en el PP de Castrillón.

Suscríbete para seguir leyendo