Abren diligencias por la gestión del expediente del parking del Aeropuerto

El proyecto del aparcamiento del Aeropuerto en vez de encaminarse hacia una solución, se embrolla de tal modo que la denuncia que Gustavo Prieto, el concejal de Territorio, presentó en el puesto de la Guardia Civil de Salinas ya está en el juzgado que ha iniciado investigación por un presunto delito de prevaricación. Fuentes jurídicas consultadas señalaron ayer que, de momento, "no se puede hablar de culpables". Y es que nadie conoce, de momento, quién envió un correo electrónico que anulaba una orden dada por Prieto referida a publicar en las páginas del Boletín Oficial del Principado (BOPA) el plan especial necesario para poner en marcha el informe de implantación del aparcamiento de la discordia. Se trata de un proyecto que persigue su promotor desde 2018.

Lo que ayer se vivió en el Ayuntamiento de Castrillón fue otra vuelta de tuerca al lío montado en el gobierno municipal. El otro día, el alcalde de Castrillón, el popular Eloy Alonso, destituyó a su compañero de grupo, a Gustavo Prieto, para poder él presidir ayer la comisión de Territorio (así llaman a Urbanismo). Y efectivamente, eso sucedió. Alonso presidió la comisión que de normal preside Prieto (Prieto no estuvo presente).

La propuesta que defendió Alonso fue, según fuentes oficiales, la rectificación de un acuerdo plenario de septiembre de 2023. Este acuerdo, señala la misma fuente, "incluye la compra de un 10% de la parcela, de titularidad municipal, por lo que el consistorio percibiría 10.933 euros, y es necesario para que la CUOTA permita el cambio de uso del terreno, dado que antiguamente era un aserradero, por medio de un plan especial. Tras detectarse un error material en la referencia catastral del acuerdo plenario, vuelve al pleno para su rectificación".

En la comisión que se celebró ayer –duró muchas horas– el gobierno popular no consiguió el apoyo de la oposición, mayormente, por la inseguridad jurídica que existe en tanto en cuanto el concejal de Urbanismo acudió a la Guardia Civil  para aclarar quién o quiénes eran los que no veían necesario el paso de la publicación en el BOPA del error detectado en el convenio del plan especial del aparcamiento. Porque Prieto mandó al BOPA la orden de publicar un convenio avalado por un informe de una técnico. Unas semanas después hay un segundo informe donde dice que no es necesario mandar el convenio, que quien lo tiene que corregir es el Pleno. Luego hay un tercer informe al respecto del mismo asunto.

El caso es que el proyecto parecía que se había aprobado bien en septiembre del 2023, pero se produjo el error cuyo "boom" se escuchará el lunes en el próximo Pleno de Castrillón.

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