Polémica por quién tiene que pagar una factura del agua en Castrillón

Una vecina de Salinas, de 84 años, tiene una amenaza de corte del suministro de agua por no abonar 7.480 euros correspondientes al consumo de los últimos 20 años. Esto es lo que le exige Aqualia, que además acusa a la octogenaria de fraude. La empresa ya ha sido demandada judicialmente y por extensión el Ayuntamiento de Castrillón, donde reconocen que están haciendo seguimiento sobre el tema, ya que ambos no ejercieron sus competencias durante esas dos décadas dejando a la mujer en situación de desamparo. Esta es la segunda denuncia que se conoce en Salinas por presuntas prácticas abusivas por parte de la compañía que gestiona el servicio.

Por un problema urbanístico ajeno a la concesionaria, los vecinos de cinco chalets adosados de Las Salinas, estuvieron casi 20 años con suministro de agua sin abonarlo. Una vez solventado el problema, se llegó a un acuerdo con ellos para pagar solo los dos últimos años, para lo que se les preparó un plan de pagos. Cuatro de estos vecinos lo cumplieron, pero una vecina incumplió el plan de pagos.

El suministro no está cortado y se ha recibido una notificación del juzgado que le deniega la medida cautelar de no suspensión del suministro, según ha podido saber este periódico. Es decir, que el juzgado no impide el corte de suministro.

La mujer, ahora viuda, y su marido entraron en la vivienda "en el convencimiento de que la constructora finalizaría las obras de urbanización y que el Ayuntamiento concedería la licencia de primera ocupación en un tiempo razonable". Y entendiendo "que la constructora tenía contrato con la empresa suministradora del abastecimiento", y que por tanto consumía el "agua de obra".

La sorpresa fue que en marzo de 2024 Aqualia envió una carta a la constructora para que trasladara a cada vivienda las lecturas de contador supuestamente realizadas unos días antes (no se comunicó ni la inspección ni la instalación del contador).

El abogado José Luis Álvarez Niño, explicó que unos días después la mujer recibió una copia de la carta de Aqualia reclamando "el consumo por fraude". Al escrito de reclamación, la compañía respondió que no era su competencia la validez o no de la situación de las viviendas. Y emitió una liquidación en una hoja excel con el contador que le habían instalado para que abonara la deuda bajo amenaza de corte del suministro. La mujer se vio obligada entonces a firmar un plan de pagos para darle de alta el contrato, pero hizo constar su desacuerdo. Según el letrado, el Ayuntamiento había concedido la licencia de primera ocupación de la vivienda unos días antes de iniciarse este proceso. Todo ello supone que el Ayuntamiento no ejercitó sus funciones ni Aqualia sus obligaciones de inspección durante 20 años, abocando a la mujer a una situación de desamparo.

La demanda presentada

El abogado, José Luis Álvarez Niño, alega que tanto la empresa del agua como el Ayuntamiento "consintieron tácitamente el uso del agua" durante 20 años. Asegura que se ha hecho un cálculo arbitrario del consumo, retroactivo, sin facturación periódica (no había contador). Además, existe inseguridad jurídica y abuso de derecho por parte de la empresa, además de práctica abusiva.

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