El juez archiva la denuncia por supuesta prevaricación en el parking del Aeropuerto

El Juzgado Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Avilés ha decidido el sobreseimiento y archivo de la denuncia por posible prevaricación después de que el exconcejal de Urbanismo de Castrillón, Gustavo Prieto, hubiera puesto en conocimiento de la Guardia Civil del puesto de Salinas la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación del aparcamiento proyectado en el entorno del Aeropuerto de Asturias. Así, el juez no ve motivos para investigar dicho expediente, un proceso en el que el Ayuntamiento de Castrillón también se había personado.

Desde el gobierno municipal celebraron la decisión y no ocultaron su satisfacción por el desenlace de este embrollo administrativo que también desembocó en una reorganización de funciones en el equipo de gobierno. Desde el pasado 30 de abril Prieto ya no es concejal de Urbanismo, delegación que ahora ha asumido Ignacio Menéndez mientras que las responsabilidades en el área de Deportes recaen ahora en Marián Carbajal. "Como habíamos defendido desde el comienzo, no había ningún ilícito en el proceso como demuestra el archivo directo y de plano de la denuncia porque las investigaciones que hizo la Guardia Civil revelaron que se trataba de una denuncia completamente infundada", manifestaron fuentes del gobierno local. Por ello, quisieron mostrar su satisfacción con esta decisión judicial "ya que teníamos la convicción de estar haciendo las cosas como debíamos". Y agregaron que continuarán "haciendo caso a nuestros técnicos y buscando exclusivamente el interés general de los vecinos".

El sobreseimiento y archivo del caso, decisión sobre la que no cabe recurso, cierre la puerta a la investigación judicial del expediente del aparcamiento para alquiler de vehículos que la promotora Inversiones Suárez Ibáñez S.L. quiere construir en la localidad de Santiago del Monte, en el entorno del Aeropuerto de Asturias. Su origen se remonta al Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, que aprobó en 2023 un convenio con la empresa para que el 10% de los terrenos que le pertenecen por ley al Consistorio se intercambiara por un monto de 10.933 euros. Fue en febrero de 2024 cuando la comisión municipal de Territorio aprobó el plan especial para la implantación del aparcamiento. Recibió luz verde del Pleno el 24 de mayo de 2024. Pero un error sobre la inscripción catastral de las fincas llevó a paralizar la publicación del último trámite en el Boletín Oficial del Principado y ahí comenzó el embrollo.

Siguiendo el criterio de los técnicos, una mayoría del gobierno, salvo Prieto, entendía que quien lo tenía que subsanar era el Pleno. Y fue la decisión de paralizar ese paso lo que hizo saltar las alarmas y que el concejal de Territorio Gustavo Prieto acudiera al cuartel de Salinas para aclarar quién o quiénes no veían necesario el paso de la publicación en el "Bopa". Pero, según el juez, no ha lugar la investigación de un presunto delito de prevaricación.

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