Novedades en el presupuesto de Avilés: el PSOE inicia con Podemos la negociación de las cuentas
"Si querían negociar debían habernos llamado hace uno o dos meses", apunta David García, edil de la formación morada

Raquel Ruiz, en el último Pleno, el mes pasado. / Mario Canteli
El PSOE avilesino ha comenzado la ronda de negociaciones para el presupuesto del próximo año. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, se reunió ayer con David García, edil de Podemos –hasta febrero de este año integrados en el gobierno local– para presentarle su proyecto de cuentas. "Somos optimistas", expresó el edil de la formación morada tras la primera toma de contacto. Eso sí, el edil resaltó que "aún es pronto" para hacer una valoración en profundidad del planteamiento hecho por los socialistas, que casi con total seguridad necesitará de los dos votos de los concejales de Podemos para ser aprobado.
En lo que fue más taxativo García fue en señalar que los tempos llevados por el PSOE no han sido, a su juicio, los mejores. "Creo que vamos un poco tarde. Si querían negociar, nos tenían que haber avisado hace uno o dos meses", criticó el edil. Pese a ello, está previsto que ambas formaciones mantengan nuevas reuniones en próximas fechas para abordar el futuro de las cuentas.
Voto en contra
Desde su salida del gobierno local, en febrero, los dos concejales de Podemos, David García y Sara Retuerto, no siempre han mantenido el mismo sentido de voto que PSOE e IU, los dos partidos que actualmente forman el equipo de gobierno. Por ejemplo, el mes pasado, los ediles de la formación morada sumaron sus votos a los de PP y Vox para tumbar la subida del recibo del agua y alcantarillado que proponían PSOE e IU.
Y todo apunta a que en el próximo Pleno volverá a vivirse una situación similar. Desde Podemos ya han adelantado que van a rechazar la propuesta del gobierno local de incluir el servicio de cementerios en el plan para Servicios Auxiliares. "Hasta ahora, este servicio ha sido gestionado por personal funcionario del propio Ayuntamiento, lo cual aseguraba un control directo y una gestión pública que respondía a los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, la decisión de traspasar la gestión y el personal a una empresa, aunque sea de carácter público, plantea serias dudas sobre la calidad del servicio, el control sobre los procesos y, lo más preocupante, sobre los derechos laborales de los trabajadores implicados", advierten desde el partido ahora en la oposición.
"No entendemos a qué viene esta obsesión cuando no es una demanda ni de los trabajadores ni de los sindicatos, así que tiene que obedecer a otros intereses que quizás solo conozca el PSOE", advierte García, de un asunto que está previsto sea sometido a la votación del Pleno de la próxima semana.
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