El gobierno de Avilés se desvincula de la investigación de la UCO a un contrato en el parque empresarial: "El futuro de Baterías es un proyecto clave que no merece estar bajo sospecha"

"El Ayuntamiento de Avilés no ha participado en ningún momento en el proceso de contratación que se está investigando por el derribo de Baterías". Ese ha sido el contundente mensaje del gobiern avilesino tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado investigación que lleva a cabo en Navarra a la empresa especializada en demoliciones Erri Berri, que fue la adjudicataria de un importante contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) –gestionado por Sepides, la sociedad inmobiliaria filial de la SEPI–. Dicho contrato, por importe de 2,85 millones de euros, tenía como finalidad el desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés. Sobre la base de las evidencias analizadas" –explica el juez, según ha informado La Sexta– "el grupo, a través del presidente de la mesa de contratación, habría tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato aludido".

"La adjudicación de esta obra es ajena al Ayuntamiento, y esto hay que dejarlo claro ante la ciudadanía de Avilés", señaló el portavoz del gobierno avilesino Manuel Campa. Para Avilés, abundó el socialista, "el futuro de Baterías es un proyecto clave que no merece estar bajo sospecha. Por eso, las investigaciones deben seguir su camino para esclarecer todo el procedimiento dentro del órgano que adjudicó el contrato".

Importe cuestionado

El contrato para achatarrar Baterías ya había sido objeto de licitación anteriormene, cuando resultó ganadora la UTE Lezama-Los Álamos. El importe de aquella adjudicación fallida ascendió a 6,5 millones. Pero el procedimiento tuvo que empezar de nuevo porque el Tribunal de Contratos, dependiente del Ministerio de Hacienda, admitió un recurso que presentó Erri Berri y en el que alegó –y demostró– que la primera valoración de las ofertas fue "errónea y discriminatoria".

Ahora, tras conocerse que la Guardia Civil registró la sede de Erri Berri, la ejecutora de la obra, y sospecha que la "fontanera" Leire Díez, Antxon Alonso (Servinabar) y un expresidente de la SEPI formaron un grupo para influir en adjudicaciones, el gobierno avilesino considera imprescindible "esclarecer cualquier actuación contraria a ley y cualquier intento de utilizar nuestra ciudad para favorecer intereses personales, ya sean económicos o de cualquier otra índole y, de ser así, que las personas responsables respondan ante la justicia".

El portavoz Manuel Campa quiso dejar claro que el trabajo y la preocupación del Ayuntamiento es "el desarrollo de suelo industrial que genere empleo y actividad económica". "Y que los procesos se lleven a cabo con agilidad y transparencia", zanjó.

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