La cuantiosa mordida que la Guardia Civil cree que se pagó en el derribo de las baterías de Avilés

La adjudicación del contrato público de 2,8 millones de euros por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias a una UTE vasco-navarra liderada por Erri Berri para demoler las antiguas baterías de coque de Avilés habría estado precedida del pago de una "mordida" de 400.000 euros al grupo denominado Hirurok , según las evidencias que han analizado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esa es la cuantificación que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 donde se sigue la causa penal por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la "fontanera" del PSOE Leire Díez y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también en el rádar de la UCO. Estos tres investigados son los integrantes del autodenominado grupo Hirurok ("nosotros tres", en euskera) y los que, indiciariamente, según la UCO, "a través del presidente de la mesa de contratación habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato" para desmantelar las baterías de coque.

Como contraprestación de esa actuación, según consta en la diligencia de información remitida a la defensa letrada del expresidente de la SEPI, "se han obtenido indicios de los que se presume que la empresa Erri Berri habría canalizado fondos al grupo Hirurok por un importe total de 400.000 euros, haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales".

Influencia y mendacidad

Lo que los agentes de la UCO concluyen tras sus pesquisas es que Fernández, Díez y Alonso podrían haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración Pública –hasta cinco, incluido el del Parque Empresarial Principado de Asturias– "en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

En la perfección de este sistema, prosigue el informe, "los integrantes del grupo habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones. Para esto, a través de contratación y facturación mendaz, habrían canalizado estos fondos, principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez, S. L."

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