La investigación del asalto a Alu Ibérica, un año cerrada y sin juicio

El Juzgado Central de Instrucción Número 3 está en la Audiencia Nacional y lo dirige la magistrada María Tardón. En diciembre de 2020 abrió una investigación a cuenta del asalto a las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña que terminó con el cierre de ambas industrias y el despido de todos sus trabajadores.

El 24 de enero del año pasado –o sea, en unos días se cumplen doce meses– este mismo juzgado instructor hizo público que había cerrado la investigación determinando que ocho personas –encabezados por Víctor Rubén Domenech y su expareja, Alexandra Camacho– tenían que ser juzgados como presuntos responsables de los delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal. Pese a ello, todavía no hay fecha para todo ello.

Y no la hay, señalan fuentes consultadas, por dos razones principales: primero por los recursos que habían presentado al menos dos de los responsables señalados por la magistrada investigadora (los que Tardón metió en la lista y querían salir de ella) y, segundo, porque faltan los escritos tanto de la Fiscalía como de las otras acusaciones.

Esta situación, según las mismas fuentes, explica la largura del proceso que, sin embargo, "tal cual están las cosas, tampoco es para tanto": un año con el tiempo parado en la búsqueda de la verdad de los años que sacaron a Asturias del grupo de las regiones productoras de aluminio primario.

La conclusión del proceso es que esas ocho personas habían organizado una trama para descapitalizar dos fábricas de aluminio primario –la de San Balandrán, en Avilés, y la de Agrela, en La Coruña– "y de desviar sus activos hacia su patrimonio personal y hacia las estructuras societarias creadas para apoderarse de ellos".

Las personas a juzgar.

La lista de personas que María Tardón propone juzgar la encabezan Víctor Rubén Domenech –también conocido como David Domenech–, su pareja en aquellos años –Alexandra Camacho– y el ciudadano alemán Joachim Magin –presunto testaferro de Rüdiger Terhost, que fue el director del fondo Parter Capital Group cuando se produjo la venta de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña, es decir, en el verano de 2019. Además, está en la lista Luis Losada –otro presunto testaferro, esta vez de Camacho y de Domenech–, varios letrados y un informático (participaron en la generación de bitcoins para fomentar el vaciado de las cuentas).

Los hechos.

La causa empezó con una querella que había presentado la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP). Dice la Audiencia Nacional en una lista: "la venta de las plantas se produjo en dos fases. En la primera de ellas, el 31 de julio de 2019, Alcoa vendió el cien por cien de los dos centros de producción por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo. En la segunda venta, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, que también había sido constpoco antes por uno de los investigados".

Y añade: "Los 13 millones utilizados en la operación se detrajeron de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar".

La situación legal.

La causa judicial, pues, ha salido de la fase de instrucción penal y se encuentra actualmente en procedimiento abreviado. El cierre de la instrucción implica que la investigación judicial ha concluido formalmente y que la magistrada instructora ha apreciado la existencia de indicios suficientes de delito como para acordar la continuación del procedimiento. En este punto, el proceso no queda archivado, sino que avanza hacia su siguiente fase.

la fábrica de san balandrán.

Las naves de la antigua Alcoa, en la margen derecha del puerto de Avilés, están pensadas ahora para fabricar torres gigantes y monopiles XXL (las subestructuras de transición) para instalaciones eólicas marinas flotantes, con una altura que igualarán a la torre de la Universidad Laboral de Gijón y superarán en 50 metros la de la catedral de Oviedo.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar los parques eólicos marinos New England Wind 1 y 2, situados frente a la costa de Massachusetts, ha sido el golpe decisivo a una difícil situación que ya se empezó a detectar a finales de 2023 y que ahora deja gravemente herido a Windar. Se trataba de un proyecto millonario y la fabricación debía comenzar a finales de este año.

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