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El PP desvela un alza de 4 millones en el contrato de limpieza de Avilés por la vía de decreto de Alcaldía: "El descontrol político es preocupante"

Esther Llamazares considera que se ha esquivado el "control democrático" del Pleno con la empresa Urbaser, adjudicataria del servicio por 10 años

Esther Llamazares, la pasada Navidad, en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés.

Esther Llamazares, la pasada Navidad, en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. / Mario Canteli

C. Jiménez

Avilés

La portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, llevará el pleno de este viernes la "renegociación" aprobada por la vía de decreto de Alcaldía para elevar en 4 millones de euros el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio, que en 2021 asumió la empresa Urbaser, por diez años, y un importe total de 65.945.4533 euros (IVA incluido). Lo que denuncia Llamazares es que esa decisión "no es un trámite administrativo más, es una renegociación de un contrato de casi 66 millones . Lo dijimos en 2021, e incluso se permitieron el lujo de insultarnos en el Pleno y vuelve a ocurrir ahora: el descontrol político de este gobierno va en aumento de manera preocupante".

Consultados los servicios municipales, la respuesta que recibió Llamazares respecto a esta modificación del contrato es que se trataba de un acto "de ejecución", amparado en una delegación del Pleno de 2020. "Es una interpretación engañosa. Ejecutar un contrato es cumplir lo ya adjudicado", sostiene Llamazares, quien considera que la modificación es una prerrogativa del órgano de contratación, "que en este caso fue el Pleno", aclara.

El servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Avilés, adjudicado en junio de 2021 a Urbaser por 10 años, incrementaba el número de trabajadores anteriores en ese ámbito, con una flota compuesta por 46 vehículos, incluidos los eléctricos y propulsados por GNC (gas natural comprimido).

Para la portavoz popular introducir nuevos servicios e inversiones en ese contrato y un "reequilibrio económico" de más de 4 millones de euros "no es una ejecución ordinaria del contrato, es una renegociación de sus condiciones esenciales. Si el Pleno adjudica y la Alcaldía modifica, el control democrático desaparece", plantea.

El grupo municipal pedirá explicaciones en el pleno de esta semana acerca del impacto económico de la operación. "Cuando hablamos del principal contrato municipal, el control democrático no es opcional", concluye Llamazares.

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