Los responsables de la quiebra de Alu Ibérica en Avilés tendrán que pagar 20 millones de euros

La quiebra de la empresa Alu Ibérica fue "culpable"; es decir, sus gestores, según dictó el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo Número 1, son responsables mercantilmente de haber fomentado una crisis que hizo desaparecer la producción de aluminio de Asturias y llevó al paro a tres centenares de personas. La condena económica se divide en dos apartados: 13,5 millones "en concepto de daños y perjuicios causados por la ausencia de financiación con cargo al patrimonio de Blue Motion Technologies por parte de la concursada"; y 6,1 millones "por los daños y perjuicios causados por la salida fraudulenta de bienes de la concursada".

Los condenados por el primer punto son el ciudadano alemán Joachim Magin –entonces en el fondo suizo que dirigía Rüdiger Terhost y que llegó a Asturias en el verano de 2019 con el nombre Parter Capital Group– y su empresa Blue Motion, la herramienta que Parter utilizó para firmar la compra de las dos fábricas de aluminio que Alcoa tuvo en Avilés y en La Coruña hasta 2019. Los de la segunda vía son los vinculados a Víctor Rubén Domenech, el líder del llamado Grupo Industrial Riesgo, que fue el nombre elegido para la recompra a Parter Capital Group de las instalaciones alumineras de San Balandrán, en Gozón.  

La calificación como "culpable" del concurso de Alu Ibérica AVL, S.L. supone, entre otras cosas, señalar a los responsables de esa gestión. La sentencia apunta directamente al ciudadano alemán Joachim Magin, como administración de derecho de la compañía, pero también a Luis Losada. Y, asimismo, a Víctor Rubén Domenech y su expareja Alexandra Camacho, como administradores de hecho. Además, ha condenado a las empresas Blue Motion Technologies e Iberian Green Aluminium Company , la sociedad que crearon Domenech y Camacho para hacerse con el control del complejo fabril de San Balandrán, en Avilés.

Inhabilitación

A la primera de las dos sociedades la califica como "cómplice" en la operación fraudulenta: vaciar las arcas de la antigua Alu Ibérica. Todos los responsables de la operación –personas jurídicas o naturales, es decir, empresas o personas- están condenados "a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores naturales". Las personas naturales –los responsables de la quiebra de la fábrica– también fueron condenados a "la inhabilitación para administrar bienes ajenos así como para representar a cualquier persona durante el período de quince años".

El recurso a esta condena está en período de estudio. Cuando eso suceda se habrá agotado a la vía mercantil (saber quién hizo qué para que una empresa que daba dinero hasta que la multinacional Alcoa la puso a la venta, dejó de hacerlo), pero no la penal. En los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional se siguió una investigación penal en la que se señala a ocho personas –muchas coinciden con las declaradas culpables de los delitos mercantiles– presuntas culpables de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal.

La venta de las plantas, según indica la Audiencia Nacional, se produjo en dos fases. En la primera, el 31 de julio de 2019, Alcoa vendió el cien por ciento de los dos centros de producción por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo. En la segunda, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, el nombre anterior a Iberian Green Aluminium Company, que también había sido constituida poco antes por uno de los investigados.

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