Crisis de Alu Ibérica: "fue una gran estafa que contó con la colaboración del Gobierno de turno”, lamentan los extrabajadores de la aluminera de San Balandrán

La sensación que tienen los extrabajadores de Alu Ibérica de Avilés, después de que se hiciera pública la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número 1 -casi veinte millones de euros y quince años de inhabilitación para administrar bienes ajenos para los responsables de la quiebra de la fábrica de Avilés- “es agridulce”. Y esto es así porque están seguros de “que nadie va a pagar nada” y, a la vez, “porque ha quedado patente” de que toda la operación de asalto a la fábrica de aluminio primario de San Balandrán “fue al final una gran estafa que contó con la colaboración del Gobierno de turno”.

Todo esto lo dijo José Manuel Gómez de la Uz, quien fuera presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés en sus peores años de historia: desde que la multinacional norteamericana Alcoa puso a la venta su fábrica asturiana (en enero de 2019) hasta que, finalmente, se materializó (a Parter Capital Group, en agosto de aquel mismo año). “Sin el Gobierno, no hubieran llegado los de Parter a Avilés, ni a ningún otro sitio”, apuntó el exlíder sindical.

Lo que señala la sentencia del Juzgado de lo Mercantil es que la multinacional Alcoa decidió vender sus dos fábricas de primario (Avilés y La Coruña) y que lo hizo a Parter Capital, un fondo suizo de capital riesgo dirigido -entonces- por el ciudadano alemán Rüdiger Terhost (pasó por prisión en Francia por una operación semejante). Uno de sus hombres era Joachim Magin, que es el principal condenado por la primera sentencia dictada contra los responsables de la quiebra de la fábrica aluminera que empezó a producir con algo más de 340 trabajadores y que, al término de ese proceso, había quedado “con poco más de 300 personas”.

Según la jueza María Tardón, que, en la Audiencia Nacional ha dirigido una investigación penal sobre el asalto a la fábrica, la venta de las fábricas de aluminio “se produjo en dos fases”. Explica que la multinacional Alcoa vendió su planta avilesina “por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU”. Estas dos sociedades habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, que es una filial de Parter propiedad del grupo suizo y cuyo responsable era Magin. “En la segunda, de 8 de abril de 2020, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company”, que es el nombre anterior a Iberian Green Aluminium Company, que también había sido constituida poco antes por Víctor Rubén Domenech y con su socia y expareja: Alexandra Camacho. Los dos nombraron a Luis Losada testaferro. Estos últimos tres también están en la sentencia de lo Mercantil.

La vía penal está pendiente desde hace un de un señalamiento para una vista oral: “Nosotros llegamos a un acuerdo satisfactorio con Alcoa de tal modo que nos retiramos de esta vía”, recordó De la Uz. La primera sentencia determina si la quiebra de Alu Ibérica fue buscada o consecuencia de una crisis sobrevenida y si fue buscada, quiénes son sus responsables. “Lo único que sabemos es que ya no tenemos fábrica y nos fuimos todos al paro”.

Suscríbete para seguir leyendo