El PP de Avilés pide revisar la Zona de Bajas Emisiones y condiciona las restricciones a informes independientes

El grupo municipal del Partido Popular de Avilés, a través de su portavoz, Esther Llamazares, registró este miércoles un documento de alegaciones al proyecto de Ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de mejorar el texto y proteger los intereses de los vecinos y comerciantes. La formación defiende que la normativa actual adolece de falta de justificación y propone un modelo donde la "sostenibilidad ambiental debe ser compatible con la sostenibilidad económica, social y territorial"

El principal argumento del PP parte de una contradicción evidente en el propio expediente municipal: los niveles de contaminación en Avilés, dicen, se sitúan actualmente por debajo de los valores límite legales vigentes. Ante la ausencia de un problema real de calidad del aire, los populares exigen una "motivación reforzada" y reclaman que la delimitación de la ZBE no se base en datos globales, sino en una modelización específica calle por calle que justifique cualquier restricción.

Llamazares muestra así su preocupación por el "riesgo de exceso territorial" del proyecto, advirtiendo que incluir ejes estratégicos de acceso "aislará a Avilés de su función como nodo comercial, sanitario y administrativo del occidente asturiano".

Fuga de consumidores

"Para proteger a los minoristas y hosteleros frente a la fuga de consumidores hacia grandes superficies del extrarradio", el PP exige la elaboración de un "estudio económico independiente que cuantifique el impacto" de la medida. Además, propone la creación de plazas de aparcamiento de muy corta estancia (rotación rápida y gratuita) dentro de la ZBE para favorecer las compras, así como flexibilizar los horarios de la distribución de mercancías de última milla.

Las alegaciones del Partido Popular inciden en que no se puede sancionar o restringir el acceso a los vehículos con etiquetas B y C sin ofrecer primero alternativas. Por ello, solicitan condicionar la entrada en vigor de estas restricciones a la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios que sean verdaderamente competitivos, seguros y con conexión ágil al transporte público, ya que los actuales tienen una "localización periférica" y carecen de medidas que incentiven su uso.

Propuestas

Para evitar que la ZBE tenga "efectos regresivos indirectos", el decálogo de propuestas del PP incluye medidas de gran calado social como garantizar el acceso a propietarios o arrendatarios de plazas de garaje con independencia de la etiqueta de su vehículo, establecer un régimen transitorio ampliado para personas con rentas bajas y autónomos, fijar un cupo anual de autorizaciones para accesos puntuales de residentes u otorgar un tratamiento específico y menos restrictivo a las motocicletas por su menor ocupación de espacio e impacto. Finalmente, el Partido Popular exige que la ordenanza incluya una cláusula de revisión anual obligatoria para evaluar si la ZBE está cumpliendo sus objetivos ambientales o si, por el contrario, está generando efectos económicos adversos o desplazando el tráfico y la contaminación a las vías perimetrales ("efecto frontera").

“Una ZBE proporcionada, progresiva y técnicamente fundamentada fortalecerá Avilés como cabecera de comarca; una implantación rígida y no condicionada puede debilitar su centralidad y su tejido productivo”, concluye el escrito de alegaciones presentado por la portavoz popular

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