Cronología del "choque" entre la alcaldesa de Avilés y la oposición por el informe de las cuentas de 2022: del "escándalo" por no acudir a la Junta a la defensa la "autonomía" municipal

Cruces de acusaciones, análisis contrapuestos y un volantazo de 180 grados. La no comparecencia de la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, en la Junta para dar cuenta de los reparos de la Sindicatura de Cuentas al "Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés" de 2022 ha generado un áspero debate político a escala regional. PP, Foro y Vox acusan a la regidora de haberles "tomado el pelo". ¿El motivo? La regidora aseguró que acudiría a una comisión de Hacienda para hablar del informe del ente público, pero tras solicitar dos cambios de fecha por "problemas de agenda", finalmente ha decidido rehusar su asistencia. "Sería renunciar a la autonomía local", argumentaron desde el gobierno local, para tratar de cerrar un debate en el que hasta el presidente del Principado, el también socialista Adrián Barbón, salió a defender a través de X a su compañera de partido: "Ningún parlamento autonómico está para fiscalizar un Ayuntamiento".

¿Cuándo comenzó todo?

Como toda historia, ésta, de desencuentros, tiene su comienzo. Y ése está en el 28 de octubre del año pasado, cuando la Sindicatura de Cuentas hizo público su informe sobre la situación financiera avilesina en 2022. Los principales reparos del ente autonómico eran una sobrevaloración del inmovilizado material de al menos 18 millones de euros; deficiencias en el inventario; excesiva temporalidad en la plantilla (el estudio data de antes de los últimos procesos de estabilización); la predominación y alta reiteración de la mayoría de subvenciones nominativas; o la catalogación de patrocinios que, a juicio del ente, encajarían mejor como subvención.

Su publicación generó duras críticas, especialmente por parte del PP, que ya anunció entonces que pediría la comparecencia de Monteserín y del Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, en una comisión de Hacienda. "Es un informe demoledor, hay un desfase de 18 millones de euros", denunciaron entonces los populares. Mientras, desde el PSOE quitaron hierro al asunto: "La Sindicatura de Cuentas emite una opinión ‘favorable con salvedades’ sobre la auditoría financiera. Es más, afirma que toda la documentación analizada expresa ‘en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo’", afirmó la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, en el Pleno de noviembre.

Comparecencia en la Junta

El PP se mantuvo firme en su idea de llevar a Monteserín a la comisión de Hacienda. Según el reglamento de la Junta, una vez registrado el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas en la Junta General, la Mesa de la Cámara dispone de un plazo máximo de cinco días para decidir sobre su calificación y admisión a trámite y ordenar su remisión a la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios. Calificado y admitido a trámite el informe, los grupos parlamentarios o, al menos, una quinta parte de los miembros de la comisión competente, pueden solicitar la comparecencia del Síndico Mayor y de los sujetos fiscalizados -en este caso la Alcaldesa como máxima responsable del Ayuntamiento- dentro de los dos días siguientes a dicha admisión. Y eso es lo que pidió el PP.

¿Es obligatorio comparecer?

Aquí está una de las madres del cordero de este conflicto. El reglamento contempla la posibilidad de solicitar la comparecencia de los sujetos fiscalizados en el informe, sin establecer un régimen específico de obligatoriedad para estos comparecientes. Del mismo modo que no establece ningún plazo en el que Monteserín debería haber aceptado o rechazado la comparecencia.

PP y Foro entienden que sí es obligatoria la presencia de Monteserín si es llamada por la Junta. "Según el artículo 235 del reglamento no es optativo", defendieron José Agustín Cuervas-Mons y Adrián Pumares. “Más allá de cuestiones legales, que desde nuestro punto de vista están claras, estamos ante una situación inaudita que supone un escándalo, y que ese desprecio y falta de respeto a la Junta General del Principado venga ejercido por la alcaldesa del tercer municipio de Asturias, es especialmente grave, y que lo haga precisamente alguien que es parte de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios es más grave aún”, defendieron los parlamentarios regionales.

El "volantazo" de la Alcaldesa

La comparecencia de Monteserín estaba marcada inicialmente para el pasado 19 de febrero. La fecha se hizo pública el día 9, y un día después, desde el Ayuntamiento se aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que Monteserín iba a comparecer en la Junta. Finalmente no lo hizo. PP, Foro y Vox denunciaron este miércoles que la Alcaldesa había alegado formalmente que le era imposible acudir por cuestiones de agenda, y que en aquel momento transmitió en qué fechas podría acudir a la Junta. En base a sus limitaciones, se estipuló que sería el día 27 de febrero cuando la regidora daría explicaciones sobre el citado informe. Pero este miércoles, Cuervas-Mons denunció que los servicios de la Cámara en fecha 13 de febrero, les había trasladado un nuevo escrito de la alcaldesa declinando la "invitación informal", a la vez que manifestaba que no tiene obligación de acudir dada la falta de aceptación por la Alcaldía, alegando "un artículo erróneo del Reglamento de la Cámara, que es el que se aplica para la invitación de expertos e interesados a los proyectos de ley y otras tramitaciones”, indicó Cuervas-Mons.

La argumentación de Monteserín

Tras las quejas de PP, Foro y Vox, el gobierno local avilesino hizo este miércoles una comunicación para argumentar la no comparecencia de Monteserín. "La autonomía de los gobiernos locales no puede estar subordinada a otras administraciones y, por tanto, éstas no pueden inferir ni subordinar a los gobiernos locales a presentarse ante sus órganos de representación para justificar cómo gestionan su autonomía financiera. A su vez, los gobiernos locales deben actuar siempre respetando y aplicando su propia autonomía para que esta sea real y efectiva. La comparecencia de la alcaldesa de Avilés a la Junta General del Principado de Asturias supone una renuncia expresa a la autonomía local del Ayuntamiento de Avilés", aseguraron.

El apoyo de Barbón

El presidente del Principado, el también socialista Adrián Barbón, no desaprovechó la oportunidad de comentar el tema a través de su cuenta oficial de X -antes Twitter-. "Entiendo que quienes nunca han gobernado, desconozcan muchas cosas. Eso lo puedo entender. Ahora, lo que no entiendo, es que desconozcan la Constitución y lo que significa la autonomía municipal. Basta con leerla. Lo dije hace unos días en la Junta General: la autonomía municipal es sagrada. Y eso significa que ningún parlamento autonómico está para fiscalizar un Ayuntamiento. Igual que el parlamento nacional no puede decidir sobre las competencias propias de una Comunidad Autónoma. Si no respetamos la Constitución y la distribución de competencias que nace de ella, entonces mal vamos", escribió en la mañana de este jueves el presidente autonómico, en clara alusión al conflicto avilesino, aunque sin hacer referencia expresa hacia él.

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