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Stop Baterías pide una evaluación ambiental más exigente para proyectos de baterías como el de Tabiella cerca de viviendas

Exigen que todas las infraestructuras ubicadas próximas a donde la población desarrolla actividades cotidianas contemplen unas recomendaciones que otorguen "el mero trámite simplificado actual"

Una pancarta contra los parques de baterías.

Una pancarta contra los parques de baterías. / LNE

C. J. / N. M.

Luanco

La plataforma Stop Baterías, el movimiento social por una transición energética "honesta, sostenible y beneficiosa para todos", cuestionó ayer que el gobierno de Asturias incrementa las medidas preventivas y paliativas de posibles incendios en las instalaciones de baterías, "pero sigue autorizándolos cerca de viviendas, tras mantener una evaluación ambiental simplificada, concurriendo así en una manifiesta contradicción". Este martes se conocía que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autorizado de forma previa la construcción de la instalación de almacenamiento energético “Tabiella Bess 132 kV”, una planta de baterías de 100 megavatios (MW) de potencia que se ubicará en el concejo de Gozón y afectará también al municipio de Avilés. La resolución, firmada el 13 de febrero de 2026 por la Dirección General de Política Energética y Minas, concede a la empresa Tagenergy Spain Investments 1, S. L. la autorización administrativa previa para el proyecto y su infraestructura de evacuación, un paso imprescindible dentro del procedimiento administrativo para la puesta en marcha de la instalación. Y esa resolución, junto a otras dictadas recientemente, ha llevado a los integrantes de esta plataforma ciudadana a llamar la atención sobre el criterio cambiante respecto a estas instalaciones del Gobierno del Principado. "El primer informe de impacto ambiental que se emitió sobre un proyecto de baterías, fechado el 9 de abril de 2024, despachaba las medidas contra incendios que debía adoptar la promotora en ocho líneas: sólo pedía que se tuvieran “en cuenta las medidas preventivas consideradas en el documento ambiental y todas aquellas presentes en la normativa de aplicación”, y consideraba “conveniente” que la instalación contara con un “plan de autoprotección. Conviene recordar que los documentos ambientales son elaborados por las empresas promotoras, de lo que cabe deducir que no van a tirar piedras sobre su propio tejado. Analizando los sucesivos informes de impacto ambiental de distintos proyectos, comprobamos que el enfoque con que el Principado aborda los riesgos de incendio ha variado sustancialmente", advierten.

Así, detallan casos como un informe de Granda, en Siero, de abril de 2024, con el emitido en enero de 2026 para el proyecto BESS Trasona, en Corvera, cuya diferencias, explican desde Stp Baterías, "denotan el miedo que le tiene el Principado a que se produzca un incendio de baterías, y a sus funestas consecuencias para la salud pública. Significativamente, en el informe de impacto ambiental del proyecto BESS Trasona no se habla de los riesgos por incendios y explosión sino de vulnerabilidad del proyecto”. Tras lo que consideran un "eufemismo", advierten que existe "una catarata de medidas preventivas y paliativas, encaminadas a aminorar los riesgos y las consecuencias de los incendios". Así, si el informe de Granda dedicaba, precisa el mismo colectivo, 8 líneas a este espinoso asunto, "las medidas requeridas a la promotora en el proyecto BESS Trasona son numerosas y prolijas: hidrantes que garanticen caudal y presión de agua durante al menos una hora; toma de agua accesible para los bomberos; diseño de viales, internos y periféricos, que aguanten vehículos de 40 toneladas y garanticen el acceso a los camiones de bomberos; sistemas de detección temprana de gases, humo y temperatura; mecanismos automáticos capaces de desconectar y apagar el sistema en caso de incidencia; sistemas de extinción de incendios; medidas para evitar explosiones por sobrepresión, y control remoto con supervisión permanente". Estas últimas medidas ya se requerían en informes de impacto ambiental anteriores, como el del proyecto BESS Lloreda 1. Sin embargo, en el correspondiente al BESS Trasona aparecen "novedosas exigencias", según Stop Baterías, que delatan, a su modo de ver, "el temor a los incendios que está calando en los despachos del Principado. Ahora se requiere al promotor que aleje los contenedores unos de otros para evitar que, en caso de incendio, el fuego se propague a otros próximos". Y, en caso necesario, advierten, se colocarán paredes cortafuegos, o sistemas fijos que permitan refrigerar el entorno en caso de incidente en un contenedor, mediante sistemas de aspersión o rociadores”.

Directrices regionales

Recuerdan asimismo desde la plataforma que el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, anunció el 10 de marzo que el gobierno del Principado sacará a información pública en abril el documento de avance de las directrices para regular la instalación de contenedores de baterías en Asturias. "Si se requiere a las empresas desde el órgano ambiental que maximicen las distancias entre las viviendas y los contenedores de baterías, ¿piensa el ejecutivo asturiano seguir sus propias recomendaciones, y las de la CUOTA, plasmando en las directrices unas distancias de seguridad entre baterías, viviendas y explotaciones agroganaderas?", preguntan.

Ese incremento de las medidas contraincendios que exige el Principado, ahora, denota a ojos de los afectados, "el miedo que le tiene el gobierno de Asturias a que se desate un fuego en una instalación de baterías. Sin embargo, el ejecutivo asturiano sigue sosteniendo que los proyectos de baterías sólo tienen que pasar la evaluación ambiental simplificada, en lugar de la ordinaria, porque considera que no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente". Por ello, interrogan a las autoridades del Principado acerca de "esta avalancha de medidas preventivas y paliativas en sus informes, antes inexistentes". Desde Stop Baterías son partidarios que en este tipo de instalaciones como la planteada para Gozón, de 100 megavatios de potencia, que se exija, al menos, que todos los proyectos ubicados cerca de viviendas y centros de trabajo "se sometan a una evaluación ambiental ordinaria, más exigente que el mero trámite simplificado actual", teniendo en cuenta al mismo tiempo "la salud pública y el bienestar de la ciudadanía y de la ganadería", concluyen.

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