Los constructores piden tumbar la declaración de zonas tensionadas en Avilés y el gobierno local, extenderla al centro

El plan del Principado para declarar zona tensionada al barrio de La Magdalena ha recibido dos alegaciones. Una de Asprocon, la Confederación Asturiana de la Construcción, que apela contra la implantación de la restricción en general, y otra del Ayuntamiento, que pide iniciar un nuevo estudio para valorar la extensión de esta medida al resto de barrios de la ciudad. Ahora la consejería de Vivienda, liderada por Ovidio Zapico (IU), deberá resolver estos recursos.

La ley de Vivienda establece el concepto de zona de mercado residencial tensionado, que denomina aquellos lugares en los que la oferta de viviendas resulta insuficiente por la relación entre los costes de alquiler o hipotecas respecto a la renta media. Para gozar de esta catalogación, debe producirse al menos una de estas dos condiciones: bien que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma. La intención es que en estas zonas se puedan poner en marcha medidas para revertir la situación, como la construcción de vivienda pública o topar los alquileres.

Un primer informe de la consejería de Vivienda y presentado a los ayuntamientos, reflejaba que El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena cumplían los criterios para recibir esta catalogación. Y, de hecho, Avilés solicitó la declaración de zona de mercado residencial tensionado para todos ellos.

Si bien, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva, un estudio más en detalle dejó únicamente a La Magdalena como barrio susceptible de ser declarado zona tensionada, un trámite que la administración regional puso en marcha el pasado mes de enero. Una vez publicado el inicio del expediente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), se abrió un plazo de alegaciones, al que han concurrido Asprocon y el Ayuntamiento de Avilés.

Actualmente, técnicos de la consejería de Vivienda están estudiando los reparos, que en el caso de la patronal de la construcción piden tumbar la medida, mientras que el del Consistorio aboga por ampliarla a todos los barrios del centro. Además, y aunque la ley estatal no lo exige, Vivienda ha abierto un trámite específico de audiencia a las administraciones públicas afectadas por la declaración de zonas tensionadas, a fin de reforzar su participación institucional en la valoración final de la situación del mercado de vivienda. Este plazo concluye la semana que viene.

El principal argumento del Principado para declarar La Magdalena zona tensionada es una "explosión"en el precio de la vivienda. Según el informe elaborado por la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, Serpa, la cotización de la vivienda aumentó un 66,66% en La Magdalena entre 2020 y 2024, más del triple que el crecimiento acumulado del IPC, que se situó en el 19,9% en ese mismo periodo. Además, el estudio redactado por la empresa pública también refiere que el precio del alquiler aumentó un 20,45% entre 2019 y 2023, tres puntos porcentuales por encima de la inflación entre esos años.

La normativa establece la declaración de zona tensionada a aquellas zonas en las que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma. Y según el estudio del Serpa, ninguno de los barrios del centro cumplían estos requisitos. Pese a ello, el gobierno local anunció que pediría al Principado extender esta protección al resto de barrios de la ciudad, defendiendo que las estadísticas de vivienda a finales del año pasado sí podían entrar en los parámetros exigidos por la ley. Y por ello han pedido reelaborar el informe.

El anuncio de la declaración de zona tensionada para La Magdalena fue recibida de brazos abiertos por los vecinos, que creen que puede ayudar a contener el precio de la vivienda, disparado tanto para la venta como el alquiler. Por su parte, los profesionales del sector inmobiliario pusieron en duda el impacto real de la propuesta, ya que aseguran que lo que realmente hace falta para frenar la escalada de precios es vivienda nueva: "En Avilés faltan 300 pisos", sostiene.

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