El PP denuncia que el canal antifraude de Avilés es "inexistente": "No sirve para denunciar, sino para impedir que se denuncie"
"Cuando un gobierno oculta información sobre el dinero de Europa y mantiene un sistema antifraude que no cumple la ley, el problema ya no es de gestión: es de garantías democráticas y de respeto a la legalidad", critica Llamazares
Esther Llamazares. / Mario Canteli
El grupo municipal del PP acusa al gobierno avilesino de "opacidad" en la gestión de fondos europeos y "la inexistencia de un sistema antifraude legalmente válido".
"Como ya hemos reiterado en diferentes plenos y solicitudes desde marzo de 2024, el Ayuntamiento de Avilés incumple de manera sistemática su obligación de contar con un canal de denuncias efectivo", señala la portavoz popular, Esther Llamazares, que denuncia que el Consistorio "no garantiza la transparencia ni la protección exigidas por la manera vigente".
Lo que critica Llamazares es que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un buzón de denuncias que, a su juicio, "es un mero artificio administrativo". "Presenta deficiencias que lo invalidad: a pesar de presentarse como anónimo, el sistema exige la identificación completa del anunciante; se limita exclusivamente a fondos del Plan de Recuperación, cuando la ley exige que sea válido para comunicar infracciones administrativas graves, delitos o incumplimientos del Derecho de la Unión en el conjunto de la organización; y establece criterios restrictivos, que permiten rechazar denunciar por falta de detalle o prueba suficiente, desincentivando en la práctica la comunicación de posibles irregularidades".
"El Ayuntamiento ha construido un sistema que no sirve para denunciar, sino para impedir que se denuncie", insiste Llamazares, para quien la situación "resulta especialmente alarmante, al tratarse de fondos europeos, sometidos a las máximas exigencias de control, trazabilidad y cumplimiento": "Cuando un gobierno oculta información sobre el dinero de Europa y mantiene un sistema antifraude que no cumple la ley, el problema ya no es de gestión: es de garantías democráticas y de respeto a la legalidad".
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