La Zona de Bajas Emisiones de Avilés sale adelante y abre un periodo de exposición pública

El Ayuntamiento de Avilés aprobó esta mañana en un Pleno que continúa la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones Ampliada (ZBEA), en una sesión marcada por el choque político y el cruce constante de reproches entre gobierno y oposición. La propuesta salió adelante: 13 votos a favor (PSOE y Cambia Avilés) frente a 12 en contra (PP y Vox).

La medida, de obligado cumplimiento por normativa europea, limitará progresivamente el acceso de vehículos contaminantes al centro urbano y abre ahora un periodo de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva. La ZBE afectará al casco histórico y a varias calles del entorno, y se aplicará en tres fases: en 2027 a vehículos sin etiqueta, en 2028 a los de etiqueta B y en 2030 a los de etiqueta C. El texto incluye además una modificación para permitir el acceso libre a motocicletas con distintivo 0 y C.

En el Pleno quedó reflejado, así lo dijo el concejal socialista Pelayo García, que residentes, comerciantes, propietarios y usuarios de garajes "pueden y podrán siempre acceder, circular y estacionar sea cual sea su vehículo, incluso si no disponen de distintivo ambiental".

García trató de rebajar con ejemplos el impacto de la medida con ejemplos concretos: “Una persona con un coche de 1975 que sea residente podrá seguir estacionando en la zona en 2030, en 2050 y cuando quiera, si el coche aguanta”, señaló, insistiendo en que la ordenanza protege especialmente a los vecinos. García también cargó contra la oposición: “Vox no ha presentado alegaciones porque no tiene propuesta alternativa”, afirmó, y defendió que Avilés parte de una situación más permisiva que otras ciudades como Oviedo. “Hoy hay 168.000 vehículos que no pueden acceder a Oviedo y sí a Avilés. Aquí hablamos de seis calles; allí son 80”, subrayó. Incluso lanzó un reproche directo a Vox aludiendo a Valladolid: “El yugo opresor medioambientalista lo están aplicando ustedes allí, donde ya se han puesto 16.000 sanciones”.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, rechazó frontalmente la ordenanza y acusó al gobierno de actuar por motivos ideológicos: “Se han creído el cuento de la Agenda 2030. Esto es una medida para recaudar, clasista y sin apoyo social”, afirmó. Riola alertó de consecuencias económicas y de movilidad: “Van a eliminar 270 plazas en la calle del Marqués y provocar caos circulatorio en los perímetros”, advirtió, ironizando sobre la eficacia ambiental de la medida: “Parece que quieren mitigar el cambio climático cortando unas calles y multando con 200 euros”.

También anunció oposición frontal: “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, incluso en la justicia, para que estas medidas no se impongan en Avilés”.

Por su parte, la portavoz del PP, Esther Llamazares, cuestionó tanto la forma como el fondo de la ordenanza. “No hay una memoria económica. No sabemos si pretende ser simpático, didáctico o ‘tiktokero’”, lanzó en referencia a García, que tiró de ironía varias veces durante la explicación de la ZBE. Llamazares incidió en el impacto sobre el comercio local: “No han solucionado los problemas de la ciudad, pero sí han impuesto esta obligación”, criticó, advirtiendo de fuga de consumidores hacia grandes superficies del extrarradio. Advirtió sobretodo de la "fuga" de vecinos del Occidente.

El PP reclamó ya en su momento un estudio económico independiente, aparcamientos disuasorios eficaces y medidas como plazas de rotación rápida gratuita o flexibilización de la distribución de mercancías. En respuesta a García, dijo: "Tal vez en Avilés podrían entrar 168.000 vehículos, pero el problema es que no van a querer”, concluyó, poniendo en duda el atractivo futuro de la ciudad.

Con la aprobación inicial ya consumada, la ZBE de Avilés entra ahora en un periodo de exposición pública.

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