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El PSOE se defiende de las acusaciones del PP: “El Ayuntamiento de Avilés no solo no ha cerrado ninguna puerta a la fiscalización, sino que ha respondido a requerimientos de información exigentes"

"Calificar de escándalo un aplazamiento administrativo puntual es desproporcionado y no se ajusta a la realidad", defiende la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz

Raquel Ruiz, concejala de Hacienda.

Raquel Ruiz, concejala de Hacienda. / Miki López

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“El Ayuntamiento de Avilés no solo no ha cerrado ninguna puerta a la fiscalización, sino que ha respondido, de manera continuada, a requerimientos de información exigentes que conllevan un esfuerzo extraordinario". Así se defiende el gobierno local avilesino de las acusaciones del PP, que denuncia la falta de transparencia municipal, después de que el Consistorio no rindiese cuentas a la Sindicato de Cuentas en 2024.

"Calificar de escándalo un aplazamiento administrativo puntual es desproporcionado y no se ajusta a la realidad, que es que las cuentas están aprobadas, presentadas y fiscalizadas. Y que la situación económica del Ayuntamiento es solvente, como han acreditado todos los informes técnicos hasta ahora", señala la concejala de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz, que ahondó: "Respetamos el trabajo de la oposición, pero conviene recordar que en anteriores ocasiones también se hicieron acusaciones muy graves sobre supuestas irregularidades que posteriormente no encontraron respaldo en los informes técnicos municipales. La política necesita menos titulares alarmistas y más rigor”.

Las acusaciones del PP se enmarcan en la última comisión de Hacienda de la Junta del Principado, celebrada el pasado viernes, en la que compareció el Síndico Mayor para analizar la Memoria de actividades del ente en 2025. En el documento, el Ayuntamiento de Avilés figura como uno de los municipios que no rindió cuentas. Roberto Fernández Llera, síndico mayor, aseguró desconocer los motivos por los que el Consistorio no había remitido datos y también reflexionó sobre la posibilidad de que este tipo de prácticas tuviesen algún tipo de consecuencias para las administraciones locales, como por ejemplo ver limitado su acceso a ayudas o subvenciones, una posibilidad que había puesto sobre la mesa del diputado autonómico del PP José Agustín Cuervas-Mons. "No debería salir gratis", señaló.

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