El Niemeyer defiende su política de contratación y tilda de "discrepancias técnico-jurídicas" los apuntes de la Sindicatura a su gestión

Carlos Cuadros, que es el director general del Centro Niemeyer, trasladó este jueves a los miembros de su patronato que la fundación que gestiona que había mantenido “discrepancias técnico-jurídicas de interpretación sobre algunas cuestiones relativas al procedimiento administrativo de contratación” que la Sindicatura de Cuentas del Principado recogió en su informe del ejercicio 2024. En ese documento, el órgano fiscalizador señalaba que los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad tramitados por la Fundación Niemeyer carecían de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Este jueves, tras la reunión telemática del patronato, en la nota oficial que la institución hizo pública, se explicita que“dada la naturaleza jurídica de la fundación, desde mediados de 2025 ya se han venido implementando medidas de mejora, por indicación de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno de Asturias”. O lo que es lo mismo, la dirección del Centro Niemeyer argumentó que no se podían exigir los mismos requisitos documentales a una fundación que a una administración pública, que es la manera en que la Sindicatura había analizado los contratos de 2024. El órgano auditor equiparó el Centro a una administración pública cuando en realidad es un “poder adjudicador no administración pública” (PANAP), que es un escalón inferior.

Este es uno de los puntos que el director general del Niemeyer explicó a los miembros del consejo rector de la fundación, e hizo hincapié en que "las incidencias administrativas señaladas en los contratos analizados correspondientes al año 2024 no han producido una restricción de la concurrencia, ni perjuicio económico ni para terceros ni para el sector público”.

La Sindicatura, por su parte, había apuntado: “Sería recomendable que todas las entidades del sector público autonómico con competencias en materia de contratación tuvieran a su disposición una unidad encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad de todo el proceso de contratación, extendiendo el ejercicio de la función interventora y la emisión del informe de los servicios jurídicos sobre los pliegos a aquellas entidades en que no son legamente preceptivos, pero sí muy aconsejables”. De esta manera, añadió, se anularían “los incumplimientos” que los auditores señalaron haber encontrado.

El Niemeyer, en todo caso, apostilló tras el patronato de este jueves que “es el ánimo y objetivo de la fundación implementar de manera constante mejoras organizativas, a las cuales contribuyen las recomendaciones y aclaraciones formuladas por la Sindicatura de Cuentas en su informe y que, por supuesto, serán tenidas en cuenta”. De hecho, en una de las alegaciones que el Niemeyer presentó contra las conclusiones definitivas del informe (la octava) se señala que “desde mediados de 2025 se han comenzado a incorporar a los procedimientos negociados sin publicidad los documentos denominados pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas” y, asimismo, “desde marzo de 2026 dichos documentos se incorporan además como anexos a los contratos correspondientes”.

En la misma comunicación se especifica asimismo que "la labor desarrollada por el personal del Centro, quienes se implican y trabajan denodadamente para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía".

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