Rifirrafe entre Vox e IU en el Pleno de Avilés a cuenta de la memoria democrática: "No puede haber víctimas de primera y de segunda"

Reconocimiento para 60 trabajadores municipales y otros diez cargos públicos depurados y represaliados por el franquismo y solicitud para la declaración de reconocimiento y reparación personal ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El Pleno de Avilés logró el acuerdo de las fuerzas mayoritarias de la izquierda para la propuesta impulsada desde la concejalía de Ana Solís, si bien la cuestión conllevó un intenso debate entre las bancadas de la izquierda y la derecha municipales. El PP se abstuvo y Vox votó en contra.

Fue, precisamente, la concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, quien defendió que los trabajadores y cargos públicos eran leales a un régimen democrático como la Segunda república y la depuración y represión “quería desmantelar la administración republicana” por “un delito: no apoyar el golpe de Estado de 1936 y ser fieles a un régimen democrática”. Habló de empleados públicos y también de cargos como el del alcalde, Ramón Granda Campa, y de la represión sufrida por los concejales de aquella última corporación democrática antes del franquismo. “Sufrieron cárcel, muerte, exilio, pobreza, estigma social, imposibilidad para trabajar, miedo, desprecio…”, señaló la edil.

La concejala de Vox, Mari Cruz Coto, tomó la palabra en este punto y afirmó: “A 50 años de la muerte del caudillo no estamos seguros si murió porque están ustedes todo el día resucitándolo”. Criticó que la memoria democrática “no puede construirse con víctimas de primera y de segunda” y denunció que “no solo hubo violencia desde un solo bando”. Habló asimismo de persecución religiosa y se deberían reconocer “a todas las víctimas”. David García, de Podemos, apoyó la propuesta y clamó para que “no haya más dictaduras, persecución y miedo”.

Esther Llamazares, portavoz del PP, cogió el testigo para “defender a todas las víctimas” y acusó al gobierno de fomentar la “crispación”: “Disfrutan polarizando y mirando por el retrovisor”, afirmó antes pedir un rechazo expreso para todas las dictaduras “y no fomentar el odio y el sectarismo”. Manuel Campa, portavoz del PSOE, devolvió la pelota a Llamazares y resumió que “la crispación” se debía al “comportamiento de las derechas”.

Cuenta general

Llamazares recriminó al gobierno que el Ayuntamiento haya presentado “tarde” la cuenta general de 2024 y que no se presentara aún la cuenta de la Mancomunidad turística desde 2019. Advirtió además que el Síndico Mayor ya indicó en la Junta General del Principado “que no le podía salir gratis” al Ayuntamiento de Avilés. Raquel Ruiz, que es la concejala de Hacienda, recordó a la portavoz popular que la Administración local “no ha incurrido en ninguna ilegalidad ni irregularidad” y que su acción está avalada por informes técnicos.

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial

El PP planteó en la sesión una serie de dudas sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento derivadas, por ejemplo, de caídas y advirtió de la tardanza en hacer efectivas las posibles indemnizaciones. El edil de Obras y Movilidad, Pelayo García, indicó que desde el 1 de enero de 2022, el Ayuntamiento tenía registradas 212 reclamaciones, de las que se han resuelto 115. “Se han estimado 30 y desestimado 85 y de esas 85, hay nueve que están pendientes de presentar un contencioso, otras 45 no resueltas que requieren un informe preceptivo”, indicó entre otros datos para después cifrar en que las reclamaciones en este período ascendían a 1,8 millones de euros y el Ayuntamiento ha abonado 110.203 euros en indemnizaciones. También expresó que la media en resolver estas cuestiones es de 11 meses.

El debate plenario abordó además el interés de la edil del PP Encarna Quesada que reclamó más actividad para el portal web Avilés en datos y denunció sus carencias en algunos ámbitos y la edil de Hacienda, Turismo y Juventud, Raquel Ruiz defendió la gestión realizada hasta la fecha incluso con planes a futuro como las aportaciones a realizar por el consejo de la Juventud.

Vertedero de San Cristóbal

Otra interpelación que salió de la bancada popular fueron las obras del antiguo vertedero de San Cristóbal y las compensaciones previstas en el convenio del Estrellín. Llamazares pidió aclarar sus dudas al respecto y Pelayo García, como concejal de Obras, defendió que el convenio del Estrellín se centra en una compensación ambiental de una parcela en suelo no urbanizable y forestal en el entorno del velódromo municipal en San Cristóbal y que contempla una actuación ambiental, superficial y consistente en la plantación de árboles y que, aclaró, “no incluye labores de consolidación estructural del antiguo vertedero”. Por otro lado, García detalló que el Ayuntamiento está actuando en un camino vecinal (entre El Campo y La Folleca) del entorno que tiene que ver con el saneamiento y el drenaje del camino “y no tiene que ver con la otra parcela”: “El Ayuntamiento no está haciendo ninguna actuación que le correspondiese a Acciona”, finalizó el concejal de Obras. 

Comercio local

El PP y el gobierno se enfrascaron en otro debate a cuenta del comercio local en Avilés. Mientras los populares alertaban del cierre de pequeños comercios y de la inestabilidad del sector, pidieron a la administración facilidades para sortear esta crisis. La edil de Comercio, Raquel Ruiz, defendió las políticas público privadas en defensa del sector y pidió a los populares propuestas concretas para intentar paliar esta situación. Arancha Martínez, de Vox habló del “fracaso” del plan online de ventas “Tienda Avilés”.

Explotación económica del suelo público municipal

Llamazares también demandó explicaciones al gobierno sobre el uso del suelo público y denunció, sin concretar, que “se cede público a entidad privadas que a su vez lo venden a otros empresarios”. “¿Cómo lo controlan, esto es financiación ilegal de entidades o no?”, espetó a la bancada socialista. Después de que la Alcaldesa, Mariví Monteserín, pidiera a varios de sus ediles una respuesta y éstos no quisieran, la regidora pidió concreción a la portavoz popular y concluyó: “Visto la actitud tendenciosa y amenazante de su pregunta, le responderemos en el próximo Pleno”.

El último punto del orden del día se centró en la organización municipal, los recursos afectados y costes asumidos por el ayuntamiento de Avilés ante los nuevos procesos de regularización a propuesta del PP. Llamazares interpeló sobre los cambios que ha supuesto para el Ayuntamiento esa nueva normativa, la “saturación del servicio de atención al ciudadano” y planteó si el proceso conllevaría algún coste económico municipal. El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, respondió que todas las tramitaciones realizadas se han hecho a través de las cuatro unidades de trabajo social municipales y que no ha supuesto ningún coste extraordinario para las arcas municipales. También habló que la regularización de migrantes traerá consigo mejores expectativas de vida para los demandantes de papeles.

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