El Ayuntamiento de Avilés culpa al PP del conflicto por el contrato del agua

El Ayuntamiento de Avilés devolvió este lunes la acusación al PP y situó en la oposición el origen del conflicto que ha desembocado en el contencioso sobre el contrato del agua. Tras las críticas de los populares por la inclusión de una provisión de 15,3 millones de euros en la Cuenta General de 2025, el gobierno local defendió que esa dotación responde al "principio de prudencia" que rige la contabilidad pública y al "objetivo de transparencia", al tiempo que recordó que el Pleno rechazó la actualización de las tarifas conforme al IPC.

El Ejecutivo explicó que la gestión del servicio se realiza a través de la sociedad mixta Aguas de Avilés, participada por el Ayuntamiento y por el socio privado Asturagua. Según el comunicado municipal, la empresa sostiene que existe un desequilibrio económico en el contrato y reclama medidas para recuperar la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 4,48% fijada como referencia. El Consistorio insiste en que este asunto no es nuevo y que el Pleno municipal lo ha abordado "en reiteradas ocasiones".

El Ayuntamiento sitúa el origen de la controversia en la votación celebrada el 31 de octubre de 2025, cuando el PP y el resto de la oposición rechazaron la actualización de las tarifas del agua conforme al IPC de agosto, una medida que, según el gobierno local, constituía una obligación recogida en el contrato. El Ejecutivo sostiene que aquella decisión "sí supone un incumplimiento de contrato" y asegura que ya había advertido entonces de las posibles consecuencias.

Posteriormente, Asturagua presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicita una compensación económica para restablecer el equilibrio financiero del contrato durante el quinquenio 2020-2024, además de medidas que permitan mantenerlo durante el resto de la concesión. No obstante, el Ayuntamiento considera que las reclamaciones del socio privado "no son adecuadas ni se ajustan" a lo previsto en el contrato, cuya duración alcanza los 25 años.

El gobierno local defiende que lo que corresponde en este momento es evaluar la Tasa Interna de Retorno, determinar si existe realmente un desequilibrio económico-financiero y estudiar medidas para aproximarse al porcentaje del 4,48% establecido en el acuerdo. Con esta respuesta, el Ejecutivo sale al paso de las acusaciones formuladas por el Partido Popular, que había denunciado una supuesta ocultación de información y alertado de una posible deuda millonaria para las arcas municipales.

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