El Ayuntamiento de Avilés estudia con el Principado la gestión pública del servicio de aguas: "Se ha quebrado la confianza en el socio privado de Aguas de Avilés"

El PSOE quiere el órdago de Izquierda Unida. El gobierno local abre la puerta a que la gestión del servicio de agua vuelva a manos públicas. El PSOE anunció este miércoles que lleva meses trabajando "en la búsqueda de alternativas" con el Principado para "avanzar hacia un modelo público" de gestión del servicio tras la "quiebra de confianza" en el socio privado de Aguas de Avilés, Asturagua-Veolia, después de que el pasado diciembre, éste reclamase 15,3 millones de euros al Consistorio por vía judicial para compensar la merma de ingresos del contrato.

El gobierno local señala que su intención de ir de la mano del Principado en una futura gestión del servicio del agua, tal y como ya propuso este martes su socio de gobierno, IU, viene tras la experiencia positiva del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Ciclo del Agua, desarrollado junto a otros ayuntamientos del entorno y Cadasa, que el gobierno local reivindica como "ejemplo de colaboración entre administraciones públicas". Ese proyecto, señalan desde el Consistorio, permitió incorporar nuevas tecnologías en todas las fases del ciclo del agua: desde la captación y potabilización hasta la distribución, telelectura, saneamiento, depuración y reutilización.

Este movimiento del Consistorio se produce después de que Veolia, socio privado y mayoritario de la sociedad mixta (posee el 76% del accionariado), haya acudido a los tribunales al considerar que existe un "desequilibrio económico" en la concesión. Esto es, que el beneficio que viene obteniendo es inferior al mínimo estipulado en el contrato, del 4,48%. El Ayuntamiento rechaza las pretensiones económicas de la empresa y defiende que la reclamación no se ajusta al contrato, ya que esta "compensación" debería abonarse al término del acuerdo, en 2034. "El Ayuntamiento de Avilés defenderá el interés general de la ciudadanía frente a la posición del socio privado", señala el gobierno local, que ha usado este argumento en sus alegaciones a la reclamación interpuesta por Veolia.

Por otro lado, el gobierno local culpa a la oposición del lío judicial. Apuntan que el conflicto tiene su origen en el pleno municipal del pasado 31 de octubre de 2025, en el que PP, Vox y Podemos votaron en contra de la actualización de las tarifas del agua conforme al IPC. Según el Ejecutivo, aquella decisión "supuso un incumplimiento del contrato" y derivó en el recurso contencioso presentado por el socio privado que ha devenido en la reclamación de 15,3 millones de euros a las arcas municipales.

El gobierno local sostiene, no obstante, que las cantidades reclamadas por Veolia por las compensaciones del tercer quinquenio del contrato, correspondiente al periodo 2019-2024, no son adecuadas. Su argumento es que la evaluación del equilibrio económico-financiero no puede desligarse de la duración total de la concesión, fijada en 25 años, por lo que rechaza que el socio privado pueda exigir ahora una compensación económica en los términos planteados. "Las pretensiones del socio privado no son adecuadas ni se ajustan a lo que recoge el contrato", advierte el Consistorio.

Quince años de la mano

Pese al conflicto entre socio privado y Ayunamiento, desde el gobierno local sostienen que el acuerdo firmado en 2009 está siendo "un buen instrumento para la gestión del agua". En estos quince años, defiende el gobierno local, se han ejecutado más de 60 obras, se han acometido inversiones en la ETAP de La Lleda, mejoras en el bombeo del río Magdalena y actuaciones de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. El contrato establecía que Aguas de Avilés tenía que ejecutar inversiones en la red por valor de 16,9 millones de euros. Hasta 2021 se habían certificado más de 8,7 millones.

La sociedad mixta Aguas de Avilés gestiona el servicio desde enero de 2010. Está participada en un 76% por Asturagua-Veolia y en un 24% por el Ayuntamiento, que dispone de la mitad de los miembros del consejo de administración y del voto de calidad de la alcaldesa. El modelo nació con el objetivo de modernizar el abastecimiento y el saneamiento de la ciudad y permitió al Consistorio ingresar 37,1 millones de euros, destinados principalmente a amortizar deuda municipal, financiar inversiones y cubrir otros compromisos vinculados al servicio.

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