La empresa del agua de Avilés, sobre su reclamación de 15,3 millones de euros al Ayuntamiento: "Solo pedimos el cumplimiento del contrato"

"Lo único que queremos es que se garantice el servicio y se cumpla el contrato". Desde Veolia (antigua Asturagua), el socio privado del Ayuntamiento en Aguas de Avilés, que ha reclamado al Consistorio 15,3 millones de euros por compensaciones del contrato, rechazan que el procedimiento responda a una voluntad de confrontación política, sino que lo enmarcan en la necesidad de que se respeten las condiciones fijadas en la concesión.

La empresa subraya que el contrato contempla expresamente mecanismos para mantener el equilibrio económico de la concesión, entre ellos la revisión de las tarifas y su actualización conforme al IPC. A juicio de la compañía, no aplicar esas actualizaciones ni adoptar medidas compensatorias altera las condiciones acordadas y obliga a revisar la situación para evitar que el servicio se preste en un marco económico distinto al aprobado en su día.

Veolia recuerda que la sociedad mixta se constituyó con unas reglas concretas, entre ellas una rentabilidad de referencia del 4,48% y revisiones cada cinco años para comprobar si ese retorno previsto se mantiene. La compañía entiende que si el Ayuntamiento decide no aplicar las herramientas contempladas en el propio contrato, debe asumir las consecuencias económicas que puedan derivarse de esa decisión.

La crisis se cruza, además, con uno de los compromisos que el PSOE asumió para gobernar en coalición con Cambia Avilés (por aquel entonces Podemos e IU aún no habían roto): no efectuar aportaciones económicas al socio privado durante el presente mandato. Ese principio, defendido como "una garantía para proteger los intereses municipales", choca ahora con la interpretación que hace la empresa del acuerdo suscrito en 2009, que sostiene que las obligaciones económicas derivadas del contrato no pueden quedar condicionadas por acuerdos políticos posteriores.

Contra ese compromiso cargó duramente el Partido Popular, que atribuye el origen del conflicto al pacto entre PSOE y Cambia Avilés. Su portavoz, Esther Llamazares, acusó al gobierno local de haber "utilizado el dinero de este Ayuntamiento y de los avilesinos para poder gobernar" y sostuvo que la decisión de no aplicar las compensaciones previstas en el contrato ha colocado al Consistorio ante un riesgo millonario. "Esto es gravísimo, porque pone en riesgo las arcas de este Ayuntamiento por un incumplimiento del contrato que viene solo y exclusivamente motivado por un pacto de gobierno", denunció la edil popular, que también reprochó al ejecutivo municipal falta de transparencia por no haber informado antes del contencioso.

De hecho, la reclamación de Veolia, interpuesta en diciembre, salió a la luz este mes de junio, después de que la portavoz popular advirtiese que en la Cuenta General de 2025 figuraba una consignación de 15,3 millones de euros. Lo hizo tras la Comisión Especial de Cuentas celebrada el miércoles pasado. En aquella reunión, señalan varios de los presentes, se cuestionó a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, sobre el motivo de este montante, a lo que, coinciden las fuentes consultadas, la edil respondió que "podría tratarse de un error".

Finalmente, tal y como advirtió Llamazares, se confirmó que no hubo tal error, sino que el montante se "apartó" ante la posibilidad de tener que afrontar la reclamación de la empresa del agua. "Ya advertí en febrero del año pasado que como la empresa del agua fuese a un juicio contra este Ayuntamiento, y lo perdiese, estábamos perdidos", asegura la edil popular, parafraseando una de sus intervenciones en el Pleno.

Además, Llamazares no duda en tildar de "oscurantismo" la gestión del Ayuntamiento, después de que "se hayan ocultado las reclamaciones de la empresa", que según advierte la concejala y portavoz, "ya comenzaron en junio del año pasado". "Y no se les dio ni respuesta", asegura.

El gobierno local, por el contrario, rechaza que las cantidades reclamadas se ajusten a lo pactado y sostiene que corresponde ahora analizar la evolución real de la concesión, las inversiones, los costes y la rentabilidad efectiva antes de aceptar cualquier compensación. La provisión de 15,3 millones incluida en la Cuenta General queda así, a su juicio, como una cautela contable ante un litigio abierto, pero también como el reflejo de un conflicto de fondo sobre el modelo de gestión del agua en Avilés.

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