Llamazares (PP) ve una "cortina de humo" en el plan del Ayuntamiento para recuperar la gestión del servicio de agua: "No es el momento de esconder los 15 millones detrás de otra discusión"

El PP eleva el tono por el conflicto del agua en Avilés. Su portavoz municipal, Esther Llamazares acusa al gobierno local de intentar tapar la reclamación judicial de 15,3 millones de euros con el "un debate de urgencia" sobre la gestión pública del servicio. Llamazares sostiene que el anuncio del PSOE de estar explorarando con el Principado un nuevo modelo para la gestión del servicio no es una respuesta política al problema, sino una maniobra para cambiar el foco. "Quieren que ahora todo el mundo hable de si el servicio debe ser municipal o no municipal, pero nosotros queremos hablar de la flagrante ilegalidad que, a nuestro juicio, acaba de cometer este Ayuntamiento", afirmó este jueves en una comparecencia pújblica.

La dirigente popular sitúa el centro de la polémica en la Cuenta General de 2025 y en la provisión de 15.323.858 euros que figura en las cuentas, vinculada a una reclamación judicial de Asturagua-Veolia, socio privado de Aguas de Avilés, en concepto de compensación por la merma de beneficios. Según Llamazares, el gobierno local conocía la existencia de la demanda judicial y la ocultó a la corporación. "El Ayuntamiento tiene un problema muy serio: ha ocultado que hay una demanda y pudo haber metido a los concejales en un problema", advirtió. La portavoz aseguró que, cuando el PP preguntó en comisión por qué se dotaba esa cantidad, el gobierno "no supo responder" e incluso dijo que "pensó que podía tratarse de un error".

Una cortina de humo

La reacción del PP llega después de que el PSOE anunciase que lleva meses trabajando con el Principado de Asturias en la búsqueda de alternativas para avanzar hacia un modelo de gestión pública del agua, una vía que Izquierda Unida ya había planteado tras la "quiebra de confianza" con Asturagua-Veolia. La empresa, accionista mayoritaria de la sociedad mixta, reclama al Ayuntamiento una compensación por el supuesto desequilibrio económico-financiero de la concesión y por no alcanzarse la rentabilidad mínima del 4,48% prevista en el contrato. El gobierno local rechaza esas pretensiones y defiende que no se ajustan a lo pactado.

Para Llamazares, sin embargo, el Ejecutivo intenta convertir la posible remunicipalización en una cortina de humo. "Lo que hicieron fue tratar de desviar la atención de los ciudadanos con una improvisación más", señaló. A su juicio, el gobierno pretende "diluir" la gravedad de la reclamación millonaria y desplazar el debate hacia el futuro modelo de gestión. "No es el momento de esconder los 15 millones detrás de otra discusión. Lo primero es explicar qué sabían, desde cuándo lo sabían y por qué no lo contaron", resumió la portavoz popular.

El PP también cuestiona que el Ayuntamiento vincule el origen del conflicto al pleno del 31 de octubre de 2025, cuando PP, Vox y Podemos votaron en contra de actualizar las tarifas del agua conforme al IPC. Llamazares rechaza esa versión y recuerda que su grupo llevaba tiempo preguntando por la evolución del contrato y por la TIR, la tasa interna de retorno que fija la rentabilidad de la concesión. "El 15 de mayo del año pasado ya preguntamos cómo estaba la revisión de la TIR. Esto no nace con las ordenanzas; veníamos advirtiendo de este asunto desde mucho antes", sostuvo.

La portavoz popular recordó además que el 16 de enero el PP llevó al pleno una propuesta para crear una comisión del agua que permitiera a todos los concejales conocer la situación del contrato. La iniciativa salió adelante con el apoyo de Vox y Podemos, pero, según Llamazares, el gobierno no aprovechó aquella ocasión para informar de la demanda. "Tuvieron una oportunidad de oro para contarlo. Nos dijeron que no había nada que ocultar, y ya tenían en sus manos una demanda de 15 millones de euros", denunció.

Críticas al Principado

Llamazares extendió sus críticas al Principado, después de que el PSOE defendiese la necesidad de ir de la mano de la Administración autonómica en la búsqueda de un modelo público del agua. La portavoz se preguntó qué papel ha tenido el Gobierno regional en este proceso y si conocía la dimensión del conflicto. "Si el Principado está en esto, tendrá que explicar también qué sabe y desde cuándo", afirmó, antes de advertir de que el Ayuntamiento está trasladando a la ciudadanía un mensaje "muy grave" sobre el cumplimiento de los contratos y de la legalidad.

El PP enmarca la polémica en el pacto de gobierno entre PSOE e IU y acusa al Ejecutivo de haber antepuesto su estabilidad política al cumplimiento del contrato. "Esto no ha sido un error; ha sido una decisión voluntaria", sostuvo Llamazares, que aseguró que su grupo intentará llegar "hasta el fondo" para saber "quién decidió dejar esto en un cajón" y "quién decidió ocultarlo a los concejales". Para los populares, antes de hablar del futuro modelo de gestión del agua, el gobierno debe aclarar la reclamación judicial, la provisión millonaria y las posibles responsabilidades políticas y patrimoniales derivadas de un conflicto que ya ha situado el contrato del agua en el centro de la agenda municipal.

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