Un centenar de vecinos protesta contra la "crisis del cajero" en Avilés: "Acabaremos yendo al banco a Oviedo"

"¡Mejora de los servicios en los barrios obreros!". La pancarta resumía este lunes el malestar de Llaranes, El Pozón y L’Alto por el cierre de la antigua oficina de Unicaja en Santa Apolonia, la última sucursal con atención personal que quedaba en la zona. Alrededor de un centenar de vecinos se concentraron a las doce del mediodía ante el local, en una protesta convocada por las asociaciones vecinales de los tres barrios y que llegó a provocar un corte de tráfico durante la movilización. La protesta, explicaron sus promotores, es solo "un primer paso" dentro de una campaña que ya ha reunido casi 2.000 firmas contra la clausura de la oficina y que ahora llevará sus reclamaciones a la Oficina de Consumo.

La presidenta de la Asociación de Vecinos El Camín, Helena Herrero, fue una de las voces más duras contra la decisión de la entidad financiera y vinculó el cierre a los compromisos adquiridos por los bancos tras la pandemia para garantizar la atención presencial a las personas mayores. "Unicaja infringió una serie de acuerdos después de la pandemia para prestar servicios de atención personalizada a la gente mayor", señaló. Herrero defendió que la movilización no se quedará en la protesta de este lunes y avanzó que la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés organizará nuevas acciones para frenar el deterioro de los servicios de proximidad.

Herrero cargó especialmente contra el argumento económico y recordó que las entidades financieras "aumentaron sus beneficios respecto al año anterior" y "no están perdiendo dinero". A su juicio, el cierre responde a una lógica que penaliza a los barrios con menor rentabilidad bancaria. "Son barrios obreros donde antes circulaba el dinero y ahora circulan jubilaciones y rentas más bajas, pero eso no justifica que nos abandonen", afirmó. La dirigente vecinal resumió el fondo de la protesta con una reivindicación que va más allá de una oficina concreta: "Los barrios merecen servicios públicos competentes que se acerquen a la ciudadanía y no al revés".

Desde la Asociación de Vecinos L’Alto, su presidenta, Alejandra Ferrero, asumió que la reclamación más deseada sería recuperar la sucursal, aunque reconoció las dificultades de ese objetivo. "Lo ideal sería la reapertura de la oficina, pero ya sabemos que no va a pasar", afirmó. Ferrero planteó como alternativa que otra entidad pueda asumir el servicio o que se habilite un marco legal que garantice una atención mínima en zonas con población vulnerable. "Si Unicaja considera que no es rentable tener una oficina en El Pozón está en su derecho, pero debería haber un sistema legal que obligase a mantener esos servicios para la población", sostuvo.

Ferrero resumió el conflicto con una advertencia sobre el riesgo de dejar servicios esenciales exclusivamente en manos del mercado. "No se puede dejar los servicios de la ciudadanía en manos de las entidades privadas", señaló. La representante vecinal alertó además de que la desaparición de oficinas bancarias no es un caso aislado, sino una tendencia que se repite en distintos puntos de Avilés y que amenaza con alejar cada vez más los servicios básicos de los vecinos. "Si no se frena esta situación, acabaremos yendo a Oviedo al banco", advirtió, antes de comparar el problema con grandes ciudades donde hay personas que ya tienen su entidad financiera "a media hora de su casa". "Deberían ponerle freno a esta sangría", reclamó.

Sesenta años funcionando

Las entidades vecinales llevarán ahora las casi 2.000 firmas recogidas contra el cierre a diferentes instancias, entre ellas la Oficina de Consumo, además de trasladarlas a la propia Unicaja, al Ayuntamiento y a organismos de defensa de los consumidores. La recogida de apoyos partió de la iniciativa personal de un vecino y fue respaldada por las asociaciones de Llaranes, El Pozón y L’Alto, que consideran que el cierre de la sucursal deja a la zona sin un servicio básico. Para los convocantes, la protesta de Santa Apolonia abre una batalla más amplia por mantener servicios de proximidad en los barrios obreros.

El cierre afecta a una oficina que llevaba más de 60 años prestando atención a los vecinos de Santa Apolonia y su entorno, y que era la última sucursal con atención personal que quedaba en la zona. Las alternativas bancarias más cercanas quedan ahora en Versalles y Villalegre, con horarios restringidos de atención presencial hasta las once de la mañana.

En estos barrios, cerca del 28% de la población supera los 65 años, un dato que las asociaciones consideran clave para entender el impacto del cierre: muchos vecinos tienen dificultades de desplazamiento o de gestión digital. De ahí que el malestar no se limite a la pérdida de una oficina, sino a la sensación de abandono de unos barrios que reclaman que los servicios se acerquen a la ciudadanía.

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