El PP utiliza el caso Chemastur para cuestionar el modelo de Baterías y alerta de que las concesiones pueden frenar la llegada de nuevas industrias
Los populares creen que la negativa del Puerto a ampliar la concesión de la empresa demuestra la falta de seguridad jurídica para inversiones a largo plazo

Esther Llamazares en la oficina del PP de Avilés. / Mara Villamuza
El caso Chemastur enciende las alarmas del PP de Avilés sobre el futuro de Baterías, una de las grandes reservas industriales de la ciudad. Los populares ven en la negativa del Puerto a prorrogar la concesión de la empresa, pese a que Asturiana de Fertilizantes había solicitado 7,26 años más y comprometido una inversión de 4,5 millones para modernizar sus instalaciones, una advertencia sobre los riesgos de basar la captación de nuevos proyectos industriales en concesiones administrativas sujetas a plazos, criterios portuarios y decisiones ajenas a la estrategia de las compañías.
La portavoz popular, Esther Llamazares, sostuvo que lo ocurrido "confirma las valoraciones que el Partido Popular viene realizando durante este tiempo" sobre los riesgos de ligar el futuro del suelo industrial a concesiones administrativas dependientes del Puerto. "Lo que está ocurriendo con Chemastur demuestra que una empresa puede tener voluntad de invertir, modernizarse y seguir operando, pero si su continuidad depende de una concesión administrativa, su futuro queda condicionado por decisiones ajenas a su propia estrategia industrial", afirmó.
El caso llega después de que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés rechazase la prórroga al entender que los tráficos de Chemastur no alcanzaron los niveles previstos desde el inicio de la concesión, el 15 de octubre de 2019. Según la resolución portuaria, esa evolución obligó a aplicar penalizaciones y provocó una merma de ingresos tanto para el Puerto como para la comunidad portuaria. El Puerto también cuestiona las previsiones futuras de producción y movimiento de mercancías, al considerar que se alejan de la realidad histórica de la empresa, y advierte de que el modelo económico presentado refleja pérdidas recurrentes.
Para el PP, esa decisión debe leerse en clave de futuro industrial. Llamazares defendió que "el problema no es el Puerto de Avilés, que es un activo estratégico fundamental para la ciudad", sino el modelo que se quiere trasladar a Baterías. "El Puerto tiene su lógica, sus competencias y sus prioridades. Pero precisamente por eso venimos advirtiendo de que convertir Baterías en suelo condicionado por criterios portuarios puede limitar enormemente la inversión empresarial", explicó la portavoz.
La dirigente popular insistió en que las empresas que aspiren a instalarse en Avilés necesitan "seguridad, estabilidad y horizonte suficiente" para amortizar inversiones y consolidar empleo. "Una empresa que se plantea invertir millones de euros en un territorio necesita certezas. Necesita saber que podrá desarrollar su proyecto, amortizar sus inversiones y consolidar actividad y empleo", señaló. A su juicio, "una concesión administrativa puede ser útil para determinados usos portuarios, pero no puede presentarse como la mejor garantía de futuro para todo el suelo industrial de Baterías".
El PP reclama ahora que se aclare cuál será el modelo real para los terrenos de Baterías y qué garantías tendrán los posibles inversores. "Baterías debe ser una gran reserva industrial para Avilés y Asturias. No podemos permitir que una oportunidad estratégica para atraer industria, empleo e inversión quede limitada por un modelo que no ofrece garantías suficientes a quienes tienen que arriesgar capital, desarrollar proyectos y crear puestos de trabajo", concluyó Llamazares.
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