IU conocía e ignoró la reclamación de 15,3 millones de Asturagua, que denunció por pérdida de confianza, según el PSOE
El PP amenaza con llevar al gobierno local al juzgado y Vox exige responsabilidades políticas
Podemos asegura que desconocía la primera reclamación pese a que aún estaba en el gobierno local

A la izquierda, Raquel Ruiz y Manuel Campa, y a la derecha Esther Llamazares, en un Pleno. / Mara Villamuza

Izquierda Unida (IU), socio de gobierno del PSOE, también conocía las dos reclamaciones de 15,3 millones de euros que presentó Asturagua antes de denunciar al Ayuntamiento, y no le dio mayor importancia. Hasta ahora que la compañía ha denunciado al Ayuntamiento, según el PSOE, por falta de confianza. Los que no tenían conocimiento de las reclamaciones, a pesar de estar en el gobierno cuando se produjo la primera, fue Podemos. La oposición ha dicho basta. El PP amenaza con llevar al ejecutivo local a los juzgados, Vox reclama responsabilidades políticas y Podemos acusa al gobierno local de querer desviar la atención.
El portavoz municipal del PSOE, Manuel Campa, insistió ayer en que "los escritos del socio privado reclamando la rentabilidad mínima establecida en el contrato en cada período quinquenal no son ninguna novedad. Ya hemos explicado que, en otros periodos, las conversaciones con la empresa eran habituales y permitían avanzar hacia acuerdos intermedios, como la aportación de 2 millones de euros o como hubo, en otros momentos, algún cambio en las estructuras tarifarias o pequeñas modificaciones".
El también secretario general del PSOE de Avilés añadió que "lo que no esperábamos era que, en este análisis quinquenal, el socio privado decidiera optar por un contencioso". Y eso se debió, "sin duda, por el incumplimiento fragante del contrato que impidió realizar la subida del IPC que, puede parecer un tema menor económicamente, pero no lo es en términos de confianza. Un incumplimiento de una exigencia tan sencilla reflejada en los pliegos es el detonante que llevó al socio privado a dar un paso que no vio necesario en otros análisis quinquenales".
Asturagua ya había reclamado, en mayo de 2024 y en junio de 2025, la compensación del contrato del agua por no haber alcanzado los beneficios mínimos que figuran estipulados en el acuerdo, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. También solicitaba que se implementara “alguna” de las medidas propuestas por la consultora externa a la que el gobierno encargó ese estudio. Pero ni el PSOE ni IU informaron al resto de grupos municipales.
La liebre saltó cuando el PP preguntó qué era esa provisión de 15,3 millones que figuraba en la Cuenta General y de la que ninguno de los tres partidos de la oposición tenía conocimiento.
En la última comisión de Hacienda el PP preguntó una vez más a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, por qué el gobierno municipal sigue sin entregar la información solicitada tras la Comisión Especial de Cuentas sobre esa provisión, que aprobaron PSOE y Cambia Avilés sin explicar el origen de esa partida.
La respuesta fue que “Secretaría e Intervención están preparando la información”. Eso fue el pasado día 15. Ayer dicha documentación seguía sin ser facilitada.
Lo que dice el gobierno
Agustín Medina, portavoz de IU y primer teniente de Alcaldía, confirmó ayer que su grupo había sido informado de ambas reclamaciones. Pero explicó que “no hubo intención de ocultarlo, simplemente en el acuerdo de gobierno está pactado que no habrá más aportaciones extraordinarias a esa empresa y lo dejamos así. En enero se nos comunicó la demanda, y ya se verá si es necesario realizar una auditoría para saber si las cuentas son las que dice Asturagua o no. Y si se presenta una propuesta, pues se verá”.
El PSOE, mayoritario en el gobierno local, decidió ayer no hacer declaraciones al respecto.
Quienes sí las hicieron fueron los grupos de la oposición.
La oposición
Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento, insistió en que “el gobierno tiene que explicar por qué no contestó esas reclamaciones, por qué no informó al Pleno, por qué la oposición ha tenido que descubrir este riesgo en la Cuenta General y qué consecuencias puede tener para las arcas municipales”.
El primer partido de la oposición ha solicitado de nuevo por registro toda la información relativa a la provisión de 15,3 millones de euros incorporada a la Cuenta General de 2025 y vinculada al conflicto del contrato del agua, así como las actas de la Comisión Especial de Cuentas y de la Comisión de Hacienda, al considerar “imprescindible documentar las respuestas dadas por el gobierno municipal sobre esta cuestión”.
En cuanto tenga toda la información, solicitará un pleno extraordinario monográfico.
“En esta última solicitud se ha advertido expresamente al gobierno de que, si persiste la falta de respuesta, nos obligará a acudir a la vía contencioso-administrativa para defender nuestros derechos como representantes públicos”, señaló Llamazares.
Responsabilidades políticas
Arantxa Martínez Riola, portavoz de Vox, aseveró que “lo que está ocurriendo con Asturagua no es una sorpresa, sino la consecuencia directa de un contrato mal diseñado, opaco y claramente desequilibrado desde su origen, que socializa las pérdidas y privatiza los beneficios y que ahora amenaza con costar 15,3 millones de euros a todos los avilesinos”.
Exigió “responsabilidades políticas evidentes que alguien debe asumir, porque lo cierto es que existe un contrato con una cláusula suelo del 4,53% que alguien firmó y aprobó”.
En opinión de Martínez Riola, “lo grave no es que una empresa reclame lo que considera suyo por contrato, sino que el Ayuntamiento haya ignorado y no haya informado a la oposición y a la ciudadanía de las advertencias por parte de Veolia-Asturagua sobre este desequilibrio millonario”.
La portavoz de Vox remarcó que en el Pleno de junio preguntó sobre los planes del gobierno para la remunicipalización del servicio, y que en ningún momento se mencionaron las dos reclamaciones previas a la demanda judicial.
“La única propuesta del gobierno para solucionar esta crisis es la improvisación de la remunicipalización del servicio cuando el contrato aún tiene vigencia por siete años más y pesa sobre nuestras espaldas una demanda millonaria”.
En su opinión, “es una clara estrategia para contentar a sus socios de gobierno ahora que el pacto está a punto de dinamitarse y ponen la remunicipalización del agua sobre la mesa a sabiendas de que es imposible”.
Subida del IPC
David García, portavoz municipal de Podemos, afirmó que aunque aún estaban en el gobierno local cuando se produjo la primera reclamación de Asturagua, nadie se lo comunicó, como sí se hizo con IU. Los dos concejales de la formación morada votaron en contra de la subida del agua para 2026. "Es absurdo y desmentimos de manera rotunda que la situación actual tenga que ver con la votación sobre la actualización de tarifas vinculada al IPC (como afirmó el PSOE). Es un intento interesado de desviar la atención del verdadero problema: estamos ante un inversor privado que pretende imponer el cumplimiento de un contrato leonino y abusivo, diseñado para proteger sus beneficios incluso por encima del interés general. El conflicto no nace de una decisión puntual sobre las tarifas, sino de un modelo que ha puesto un servicio esencial como el agua en manos de intereses privados”.
Para Podemos (que abandonó el gobierno en febrero de 2025) “los responsables de esta situación son quienes privatizaron el servicio y firmaron un contrato escandalosamente perjudicial para la ciudadanía. PSOE y PP avalaron un modelo que hoy demuestra todas sus carencias, otorgando una posición de privilegio al socio privado y limitando la capacidad de actuación de las instituciones públicas. Lo que estamos viendo es el resultado de años de una privatización mal planteada, y son los vecinos y vecinas de Avilés quienes acaban pagando las consecuencias”.
En esta situación, David García apostó “ potenciar el recién aprobado Observatorio del agua, con todos los grupos municipales, para que funcione como un equipo de trabajo real. Exploraremos todas las opciones que podamos para que el Agua de Avilés vuelva a manos públicas. Parece que está es la vía que ahora defiende el PSOE, por eso debemos saber sus plazos, si pretenden rescindir el contrato ya o van a esperar a su finalización, o si por el contrario es todo pura propaganda electoral”.
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