La Junta exige una investigación sobre la gestión del Centro Niemeyer en los tres últimos años

La Junta General del Principado aprobó este lunes instar al Gobierno a que ordene que la Inspección General de Servicios analice las cuentas de la fundación del Centro Niemeyer “de los últimos tres años”. La propuesta, presentada por el portavoz del Partido Popular (PP) en el área de Cultura, contó los votos favorables de toda la oposición -PP, Foro, Vox y la diputada Covadonga Tomé- y el rechazo del Gobierno, concretamente, del diputado Xabel Vegas, que lo es de Izquierda Unida (IU) y del propio PSOE, con Ricardo Fernández como portavoz. Vegas acusó a la oposición de causar “un daño reputacional” al Niemeyer, argumento idéntico al que que defendió recientemente el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa.

La Inspección General de Servicios del Principado de Asturias “constituye un instrumento de capital importancia para velar por el buen funcionamiento de la Administración autonómica en sus diversas personificaciones y el recto proceder del personal a su servicio”, se puede leer en el preámbulo que rige la ley. La Proposición No de Ley que presentó el Partido Popular señala que “dado que el Centro Niemeyer se financia en gran parte con fondos públicos del Principado de Asturias, resulta imprescindible garantizar que su gestión se ajusta, escrupulosamente, a la normativa vigente, protegiendo el interés general y evitando cualquier sombra de duda sobre el uso de los recursos”. Y añade: “Por ello, se considera oportuno que la Junta General ejerza su función de impulso y control, instando al Consejo de Gobierno a revisar los procedimientos de contratación del Centro Niemeyer y a establecer mecanismos de transparencia reforzada”.

El diputado socialista Ricardo Fernández recordó que en octubre de 2025 la Junta General había rechazado “una Proposición No de Ley muy similar a esta”. Y explicó que la intención del PP es “triplicar” los mecanismos de control a los que está sujeto el Niemeyer. Y es que el control de la Inspección General de Servicios -funciona de manera independiente- se iba a sumar a los controles de la Sindicatura y del “propio parlamento”. “Lo que está pretendiendo ahora es convertir a la Inspección General en un órgano de instrucción de causas generales”. Y concluyó: “Lo que está haciendo el Partido Popular es utilizar al Niemeyer única y exclusivamente para erosionar al Gobierno”.

José Luis Costillas, el promotor de la Proposición no de ley, no es de esta misma opinión: “Como los ocho contratos analizados por la Sindicatura están incumpliendo la misma ley, queremos una investigación más a fondo de la Inspección General de Servicios para que analicen los últimos tres años y poder ver qué es lo que estaba pasando y poder buscar soluciones a este desbarajuste legal”.

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