Juicio por el asalto de Alu Ibérica: la Audiencia Nacional pide 83 años a los cinco acusados liderados por Víctor Rubén Domenech

El asalto a Alu Ibérica tiene cinco acusados. La jueza instructora del caso -la magistrada María Tardón, que es la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional- considera responsables de la descapitalización de las fábricas de aluminio primario de Avilés y de La Coruña a Víctor Rubén Domenech -también conocido como David Domenech-, a su expareja, Alexandra Camacho Carrascal, al ciudadano alemán Joachim Magin, al testaferro de Domenech y de Camacho, Luis Losada Gómez, y al abogado Francisco Javier Fernández de Bobadilla. Por todo ello, acordó abrir juicio oral contra todos ellos, es decir, por eso ha decidido que estos sean los que finalmente se sienten en el banquillo.

Dice del principal acusado -Domenech- que fue autor de un delito de apropiación indebida “como cooperador necesario". Propone, por ello, una pena de seis años de cárcel y de una multa de 73.000 euros. Por los delitos continuados de apropiación indebida e insolvencia punible propone también seis años de prisión y, asimismo, una multa de 146.000 euros. El tercer delito que se le achaca es organización criminal. Por esto reclama siete años de prisión. El último de los delitos que la Audiencia Nacional le imputa es el blanqueo de capitales, es decir, le reclama cuatro años de cárcel y una multa de 15 millones.

Es decir, piden para el cerebro de la trama de vaciamiento de las instalaciones fabriles de Avilés y La Coruña 23 años de cárcel y una multa de 15.219.000.

El segundo en el escalafón de la trama es el ciudadano alemán Joachin Magin -está en prisión-. María Tardón le imputa dos delitos continuados de apropiación indebida agravada (seis años de cárcel y una multa de 73.000 euros, por uno, y seis años de prisión y 73.000 euros por el otro). Además, le considera culpable de un delito de insolvencia punible en concurso ideal de apropiación indebida (seis años de cárcel, 73.000 euros de multa).

Magin, el hombre de Parter Capital en la operación de vaciado de Alu Ibérica, finalmente tiene que responder por 18 años de cárcel y 219.000 euros como multas.

Luis Losada, el testaferro de Domenech y Camacho, está en la lista de presuntos implicados como responsable de un delito de apropiación indebida agravada (dos años de cárcel y 12.000 euros de multas). Además, le imputa los delitos de continuados de apropiación indebida e insolvencia punible como cómplice. Por esto, reclama tres años de prisión y una multa de 15.000 euros. Por el delito de organización criminal, la Audiencia Nacional le pide dos años cárcel. El último delito que le imputa es el de insolvencia punible que conlleva una pena de seis años de prisión y una multa de 73.000 euros.

Así que Losada, según el criterio de la instructora de la causa, tiene que responder a 13 años de prisión y un total de 100.000 euros de multas.

El abogado Francisco Javier Fernández de Bobadilla está incluido en la lista de acusados como presunto responsable de un delito de apropiación indebida agravada en concepto de cómplice (diez meses de prisión y 15.000 euros de multa). Además, la jueza le considera autor de los delitos continuados de apropiación indebida e insolvencia punible (seis años de prisión y 73.000 euros de multa). Como miembro de una organización criminal le imputa cuatro años de prisión. Del delito de blanqueo de capitales la pena que piden para él son dos años de prisión y una multa de 10.000.000 millones de euros.

El papel desarrollado por Fernández de Bobadilla, finalmente, conlleva una pena de 12 años y 10 meses de cárcel y 10.088.000 euros.

La última de las acusadas es Alexandra Camacho que, cuando se produjo el asalto a las fábricas de aluminio, era pareja de David Domenech.

La Audiencia Nacional la considera autora de los delitos de apropiación indebida e insolvencia punible (seis años de cárcel y 73.000 euros de multa). Como autora del delito de organización criminal le piden cuatro años de prisión. Por el de blanqueo de capitales le reclama un año de prisión y ocho millones de euros como multa. La insolvencia punible que le achaca conlleva una pena de seis años de prisión y 73.000 euros de multa.

La totalidad de las penas que le achaca el Juzgado instructor son 17 años de prisión y 8,1 millones de euros de multa.

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