La apertura de juicio contra los presuntos saquedadores de Alu Ibérica enfrenta a los partidos por las responsabilidades sobre el cierre de la fábrica

La apertura del juicio oral a los, finalmente, cinco acusados de haber descapitalizado las fábricas de aluminio primario de Avilés y La Coruña que había puesto a venta la multinacional Alcoa en 2019, es el primer paso para el cierre de una instrucción que ha marcado la historia económica de la comarca en los últimos años. La titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón, publicó un auto en el que, tras escuchar las acusaciones de la Fiscalía, de una empresa perjudicada y dos sindicatos, determina que existió una organización criminal liderada por Víctor Rubén Domenech -por otro nombre, David Domenech-, su expareja Alejandra Camacho, el testaferro de ambos, Luis Losada, el abogado Francisco Javier de Bobadilla y el ciudadano alemán Joachin Magin, el hombre de Parter Capital. En el auto, la magistrada María Tardón califica una serie de acusaciones contra cada uno de ellos. Se da la circunstancia de que la pena final no va a ser la suma de cada una de las calificaciones. El juzgador sólo va a tener en cuenta la mayor de todas. Así, si Domenech es declarado culpable no pagará 23 años, serán 7, los que le piden como presunto autor de un delito de organización criminal. Los pasos que faltan son que cada una de las defensas presenten sus respectivos escritos de defensa y, tras ello, sólo quedará fechar el juicio, cuya instrucción se inició a finales de 2020.

Manuel Campa, portavoz del PSOE local, pide que “la justicia haga su trabajo y los responsables rindan cuentas por el daño que hicieron”. “Pero tenemos que seguir avanzando en el presente y en el futuro, trabajando en el desarrollo de oportunidades industriales, que las tenemos. Hoy [por ayer] precisamente pudimos comprobarlo en las nuevas instalaciones de Asturfeito”, subraya.

“Estamos ante una auténtica red mafiosa articulada y orquestada para descapitalizar la empresa y venderla, lucrándose de todo ello”, carga con contundencia Agustín Medina, portavoz de Izquierda Unida, que asegura que en su formación hay “tolerancia cero ante la corrupción”. “Esperamos que la justicia llegue hasta el final y que todos los responsables paguen por ello. Este hecho es muy doloroso y tiene un agravante: trescientas personas se quedaron en el paro y, además, se destruyó el tejido industrial de la ciudad”, afirma Medina, que califica el adiós de Alu Ibérica como “un golpe irreparable”.

Los grupos reclaman responsabilidades por Alu Ibérica

Esther Llamazares, portavoz del PP, recordó cuando “la señora Maroto, entonces ministra de Industria; la señora Monteserín, alcaldesa de Avilés; y el señor Barbón, presidente del Principado, celebraron juntos y como propio el supuesto éxito del ‘Alcoa no se cierra’”. “En aquel momento lo presentaron como una victoria política, como la gran solución industrial para Avilés y como garantía de futuro para los trabajadores. Hoy sabemos cuál fue el resultado: la fábrica cerrada, cientos de empleos perdidos y una causa judicial por el presunto saqueo de Alu Ibérica”, carga la popular, que exige responsabilidades políticas a aquellas personas que avalaron la decisión. “Las responsabilidades penales las decidirán los tribunales, pero las responsabilidades políticas por haber avalado y vendido aquella operación como un éxito no pueden quedar, también en esta ocasión, enterradas en el olvido”, sentencia.

“La apertura del juicio por el caso Alu Ibérica vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores fracasos industriales que ha sufrido Avilés en las últimas décadas”, indica Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, que apunta que “la industria avilesina acabó devastada tras una operación que nunca debió salir adelante”. “Las decisiones políticas que permitieron la venta de la planta a un comprador que finalmente terminó vinculado a un fondo cuya gestión está ahora siendo objeto de un procedimiento judicial han tenido consecuencias devastadoras para los trabajadores, para la industria y para el futuro económico de nuestra ciudad”, comenta la concejala, que cree que “existen claras responsabilidades políticas”. “El gobierno socialista del Principado fue quien dio respaldo a una operación que ha terminado con la práctica desaparición del proyecto industrial que se prometía proteger. Del mismo modo, echamos en falta que el gobierno socialista de Avilés ejerciera una posición mucho más firme y exigente en defensa de los intereses de la ciudad y de sus trabajadores”, enfatiza.

Podemos pide aprender de lo ocurrido

“Lo que comienza ahora a juzgarse es uno de los mayores ataques que ha sufrido el tejido industrial de Avilés. Mientras cientos de familias defendían sus puestos de trabajo, hubo quienes, presuntamente, utilizaron una empresa estratégica para enriquecerse a costa de su descapitalización”, señala David García, portavoz de Podemos Avilés, que espera que “este proceso judicial sirva para depurar todas las responsabilidades”. “Desde Podemos creemos que esto no debería acabar aquí; la política tiene la obligación de aprender de lo ocurrido para que nunca más una operación de estas características pueda repetirse”, afirma el avilesino, que asegura que desde su partido “siempre defendimos que la industria no puede quedar en manos de operaciones especulativas”. “En anteriores legislaturas peleamos por que la nacionalización de esta empresa estratégica fuera una opción prioritaria, pero siempre nos encontramos con el rechazo del PSOE. Las administraciones deben disponer de mecanismos para impedir que empresas estratégicas acaben siendo utilizadas para vaciar patrimonio, destruir empleo y poner en riesgo el futuro de toda una comarca”, sentencia.

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, califica todo lo que ocurre con Alu Ibérica como “una página negra de la historia industrial de la ciudad”. “La ciudad creyó en un proyecto que resultó fallido y sobre el que presuntamente se cometieron serias irregularidades. Ahora será la justicia quien determine, en su caso, las responsabilidades de las personas implicadas”, analiza el empresario, que espera que todo esto “sirva de aprendizaje para que episodios como el de Alu Ibérica nunca se vuelvan a repetir”.

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