Unión Sindical Obrera y Confederación de Cuadros se retiran de la acusación del caso Alu Ibérica
La Audiencia Nacional abre juicio oral por la presunta descapitalización de las plantas de Avilés y A Coruña, con Fiscalía y otras partes personadas al frente del procedimiento
Agentes de la Policía Nacional en la puerta de las antiguas instalaciones de Alu Ibérica, en San Balandrán. / LNE
Añádenos en GoogleEl auto de la Audiencia Nacional que abre juicio oral contra los responsables de la trama de descapitalización de las antiguas plantas de Alu Ibérica de Avilés y La Coruña señala que tanto la Unión Sindical Obrera (USO) como la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) han decidido retirar su acusación particular, aunque sin renunciar a los derechos que pudieran corresponderles como partes perjudicadas. El procedimiento, no obstante, continúa impulsado por la Fiscalía y por otras acusaciones particulares, entre ellas las de las propias sociedades Alu Ibérica e Installux Extrusion Services.
El auto recoge que USO comunicó al juzgado que "no formulará escrito de acusación particular, y se remite al ejercicio de la acción pública ejercida por el Ministerio Fiscal", una decisión que vincula al acuerdo alcanzado en 2022 entre los representantes de los trabajadores y Alcoa Inespal S.L.U., precisando además que ello "no conlleve su renuncia a los derechos en su condición de perjudicada pudieran corresponderle". En la misma línea, la Confederación de Cuadros y Profesionales notificó su retirada como acusación particular, aunque "sin renunciar con ello a sus derechos como perjudicado", permaneciendo personada en el procedimiento únicamente con esa condición.
El procedimiento se enmarca en la investigación sobre la presunta despatrimonialización de Alu Ibérica, una causa en la que la Fiscalía atribuye a varios de los acusados delitos de apropiación indebida agravada, insolvencia punible, blanqueo de capitales y organización criminal, con solicitudes de penas que alcanzan varios años de prisión y cuantiosas responsabilidades civiles. Además de asumir la acusación del Ministerio Público, el auto incorpora las formuladas por Alu Ibérica LC, Alu Ibérica AVL e Installux Extrusion Services, esta última reclamando una indemnización de 344.294,06 euros.
El juicio oral queda abierto contra Víctor Domenech, Joaquim Magim, Luis Losada, Francisco Fernández de Bobadilla y Alexandra Camacho por el núcleo central de la causa, vinculada a la presunta apropiación indebida agravada, insolvencia punible, blanqueo de capitales y organización criminal en el proceso de descapitalización de las antiguas plantas de Alu Ibérica. A ellos se suma, por la acusación de Installux, la acción dirigida también contra Diego Peris, Antonio Fernández y Eduardo García, a quienes esta parte atribuye un delito de apropiación indebida y para quienes reclama seis años de prisión y multa de doce meses, además de la responsabilidad civil por los perjuicios causados.
La petición más elevada de la Fiscalía recae sobre Víctor Domenech, para quien solicita penas que suman 23 años de prisión, además de una multa de 15 millones de euros por blanqueo de capitales. Para Joaquim Magim se reclaman penas de seis años de prisión por cada uno de los delitos de apropiación indebida agravada que se le atribuyen; para Francisco Fernández de Bobadilla, penas que alcanzan doce años y diez meses de prisión y una multa de 10 millones; para Luis Losada, siete años de cárcel; y para Alexandra Camacho, once años de prisión y multa de 8 millones, junto a las correspondientes inhabilitaciones, fianzas y responsabilidades civiles derivadas de los daños reclamados por las sociedades perjudicadas.
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