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El PP acusa al gobierno de Avilés de usar la vivienda para "hacer que cada vez más vecinos dependan de sus decisiones"

Los populares rechazan ampliar las zonas tensionadas y reclaman aumentar la oferta residencial con planificación y seguridad jurídica

Esther Llamazares, en la sede del grupo municipal.

Esther Llamazares, en la sede del grupo municipal. / LNE

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Avilés

El Partido Popular de Avilés elevó este lunes el tono de su discurso sobre la política municipal de vivienda y acusó al Gobierno local de PSOE e IU de convertir este problema en "una excusa para intervenir más y hacer que cada vez más avilesinos dependan de sus decisiones". La portavoz popular, Esther Llamazares, criticó la intención del Ejecutivo de solicitar la declaración de nuevos barrios como zonas tensionadas, tal y como expresó la edil Ana Solís (IU) en LA NUEVA ESPAÑA este lunes, y sostuvo que el Ayuntamiento está construyendo "un relato victimista y salvador" en lugar de aplicar medidas que incrementen la oferta de viviendas.

Según Llamazares, el Ejecutivo municipal sigue una estrategia en la que "primero declara la emergencia, después señala culpables, luego pide más intervención y finalmente se presenta como único protector de los vecinos". Frente a ello, defendió un modelo basado en aumentar la oferta residencial y garantizar seguridad jurídica. "Avilés no necesita un Gobierno que administre la dependencia; necesita un Gobierno que aumente la oferta de vivienda, dé seguridad jurídica y permita a los vecinos construir su proyecto de vida con libertad", afirmó la portavoz popular.

Críticas a las zonas tensionadas

Buena parte de las críticas del PP se centran en la intención del Gobierno local de ampliar la declaración de zonas tensionadas a barrios como Las Vegas, El Pozón-Villalegre, La Luz, El Carbayedo, Versalles, Sabugo o La Carriona, además de La Magdalena. Llamazares aseguró que este último barrio demuestra, a su juicio, las contradicciones del proceso. Recordó que la resolución del Principado sitúa el esfuerzo económico del alquiler, junto con gastos y suministros, en el 22,96% de la renta media por hogar, por debajo del 30% que marca uno de los criterios legales para justificar esa declaración. También reprochó que el Ayuntamiento no presentara alegaciones durante la tramitación del expediente. "Cuando tuvo oportunidad de cuestionar la metodología, pedir garantías o defender una posición propia, no alegó. Ahora pretende dar lecciones de valentía y extender el modelo a más barrios", criticó.

La dirigente popular también rechazó el debate abierto en torno al alquiler por habitaciones tras la llegada de la Universidad Nebrija a Avilés. Lo calificó de "artificial, estéril y dañino" y defendió que la institución académica no puede convertirse en el foco de las críticas. "Lo que retrata este debate no es un problema generado por la Universidad, sino la incapacidad del Gobierno para anticiparse, planificar y dar respuesta a las necesidades que generan los proyectos que ellos mismos anuncian", sostuvo. En la misma línea, añadió que "el problema no es la oferta privada de la Universidad; el problema es la improvisación, la falta de planificación y la ausencia de soluciones de este Gobierno".

La portavoz popular también puso en cuestión la intención del Consistorio de destinar 300.000 euros a la compra de viviendas, al entender que permitirá adquirir únicamente "unas pocas viviendas" sin capacidad para modificar el mercado residencial de la ciudad. Asimismo, insistió en que el PP no cuestiona las ayudas al alquiler dirigidas a las familias vulnerables, aunque sí el modelo que, a su juicio, las sustenta. "Cuando cada vez hacen falta más ayudas para pagar una vivienda, el Gobierno no puede presentarlo como un éxito: tiene que reconocer que su política de vivienda ha fracasado", afirmó, recordando que la Fundación San Martín absorbe el 70% de las ayudas municipales al alquiler y que el gasto previsto podría alcanzar los 1,02 millones de euros.

Las declaraciones del PP llegan en un momento en el que la vivienda se ha convertido en uno de los principales focos del debate político en Avilés. En los últimos meses, el Gobierno municipal ha defendido la necesidad de ampliar las zonas tensionadas, incrementar el parque público de vivienda y reforzar las ayudas al alquiler, mientras distintos informes del mercado inmobiliario apuntan a una escasez de oferta y a un incremento continuado de los precios tanto en compra como en alquiler. En este contexto, Llamazares concluyó que "la vivienda no se arregla señalando propietarios, publicando etiquetas en el boletín oficial ni construyendo relatos ideológicos. Se arregla aumentando la oferta, movilizando vivienda vacía con seguridad jurídica, rehabilitando, ampliando el parque público con planificación real y gestionando mejor los recursos municipales".

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