El Principado autoriza el enlace a la red del parque de baterías de La Maruca y permite que el proyecto avance en Avilés

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha autorizado la conexión eléctrica del parque de baterías BESS Maruca 1, una infraestructura proyectada en el polígono de Las Arobias, en Avilés. La resolución ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y supone un nuevo paso administrativo para la futura puesta en funcionamiento del complejo. El expediente sale adelante después de que el Gobierno autonómico desestimase las alegaciones presentadas durante la tramitación.

Esto solo es un paso. Ahora, los promotores han de tramitar la licencia de obras y de instalación de la planta de almacenamiento de energía eléctrica BESS Maruca, del centro de transformación para elevar la tensión y del entro de protección y medida, con celdas de alta tensión y aparamenta de medida y protección. También queda pendientes aún tramitar la licencia, la autorización administrativa y/o la concesión para la línea subterránea de alta tensión de 22 kilovatios de simple circuito.

De hecho, también tienen que tramitar la autorización administrativa de construcción, acompañada del proyecto de ejecución en industria.

La iniciativa contempla un sistema de almacenamiento energético integrado por ocho contenedores, con una potencia de 10,08 megavatios (MW) y una capacidad de 40,32 megavatios hora (MWh). El equipamiento se instalará en una nave situada en la esquina de las calles Marqués de Teverga y El Torno, dentro del área industrial avilesina y en las proximidades de la subestación de La Maruca, punto desde el que enlazará con la red.

El permiso conocido ahora corresponde al trámite necesario para que la planta pueda evacuar e intercambiar energía una vez completadas las restantes autorizaciones sectoriales. Este tipo de infraestructuras se presenta como una herramienta para aportar flexibilidad al sistema eléctrico, facilitar la incorporación de renovables y almacenar excedentes en momentos de baja demanda. Sin embargo, su implantación ha abierto un debate creciente por los emplazamientos elegidos, las medidas de seguridad exigidas y la acumulación de solicitudes.

En la comarca avilesina ya existen, según los datos difundidos por el Colectivo Ecologista de Avilés, tres proyectos autorizados, dos en el concejo y uno en Corvera. La organización considera que esta proliferación responde a una expansión muy superior a las previsiones inicialmente manejadas por el Ejecutivo regional. También advierte de que la reserva de capacidad puede limitar nuevas conexiones destinadas a iniciativas industriales o ampliaciones empresariales.

Las críticas de los ecologistas

El colectivo lamentó que la Administración haya dado el visto bueno "sin atender las alegaciones que habíamos presentado por la ubicación elegida". Su principal objeción se centra en la proximidad a una estación de servicio, situada, según denuncia, "pared con pared" con la nave. A su juicio, esa circunstancia genera "un riesgo desproporcionado para las miles de personas que trabajan en la zona en un radio de 500 metros", especialmente ante un posible incendio.

La entidad cuestiona además el volumen de instalaciones promovidas en Asturias y sostiene que existen 170 expedientes activos, con más de 3.465 MW de capacidad de entrada. Esa cifra, afirma, se encuentra muy alejada del compromiso autonómico de limitar el almacenamiento a unos 300 MW.

Los conservacionistas añaden que la saturación de permisos está ocupando derechos de acceso y dificultando iniciativas productivas, citando el caso de Asturiana de Zinc como ejemplo de empresa afectada por la falta de margen disponible.

Los ecologistas alertan, por último, de los riesgos asociados a una fuga térmica o a la combustión de baterías de ion-litio. Aseguran que estos episodios pueden provocar "consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana".

También recuerdan que algunas sustancias liberadas resultan irritantes, corrosivas y tóxicas, mientras que las labores de extinción requieren abundante agua, con el consiguiente peligro de contaminación. Por ese motivo, consideran "inadmisible" implantar estas plantas cerca de núcleos habitados, espacios protegidos o enclaves de interés ambiental.

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