El gobierno de Avilés y Astuargua pactan suspender las acciones judiciales y buscar alternativas a la deuda municipal

El gobierno de Avilés y la empresa Asturagua-Veolia han acordado solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales iniciadas por la compañía para reclamar al Ayuntamiento el abono de una deuda de 15,3 millones de euros como compensación por la merma de ingresos del contrato de explotación del ciclo integral del agua. Las partes se dan un margen de 60 días para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial, en unas negociaciones que están avanzadas, según los socialistas.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, anunció este pacto en el transcurso del Pleno, en el que se aprobó la constitución de una comisión de seguimiento y fiscalización solicitada por el PP, cuya propuesta ya había sido aprobada en enero pasado apoyada con los votos de Vox y Podemos. Pero no fue hasta ayer cuando el gobierno local llevó su constitución a la sesión plenaria. Y no fue hasta el final del debate sobre este punto que Campa anunción la negociación con la empresa, sin dar así margen de réplica a la oposición.

Los socialistas explicaron en un comunicado posterior al anuncio en el Pleno que durante los 60 días que se han dado de plazo, se realizará un análisis técnico, económico y jurídico de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es el promedio de rentabilidad anual que genera el contrato a lo largo de su vida útil. "El objetivo será determinar y consensuar las medidas necesarias para cumplir los compromisos contractuales y seguir ofreciendo un servicio de calidad a la ciudadanía", se señaló en el comunicado.

Campa, aseveró que el Ayuntamiento "quiere cumplir el contrato", y aprovechó para cargar contra la oposición al incidir en que habían impedido que se hiciera cuando en el Pleno de octubre de 2025 votó en contra de la subida del IPC, recogida en el contrato del agua. "Hemos acordado con la empresa sentarnos y analizar cuáles son las condiciones actuales de la TIR, hacer el informe de la revisión quinquenal y, a partir de ahí, tomar decisiones, pero siempre basadas en el cumplimiento estricto del contrato, sin hacer aportaciones adicionales y cumpliendo también los acuerdos de gobierno”.

Y fue más allá al señalar que "gobernar exige un grado de prudencia y discreción que la oposición utiliza en muchos casos para generar confusión y debates desiguales solo por su propio interés. Nunca hubo un agujero de 15 millones de euros, lo que hay es mucho humo y poca llama. Este equipo de gobierno siempre actúa de forma responsable, dentro de la ley y velando por el interés de los vecinas y vecinas de Avilés".

El debate plenario

En el transcurso del debate en la sesión plenaria de este viernes, Agustín Medina, portavoz de IU, el grupo municipal socio del PSOE en el gobierno local, señaló que "nos parece importante sentarnos y poder hablar todo lo que rodea a la gestión del agua con un debate serio alejado del ruido”. Pero no hizo referencia alguna a que hubiera una negociación en marcha.

Esther Llamazares, portavoz de PP, se "alegró" de que a IU "le parezca importante. El gobierno tendrá bastante que clarificar; esto de ir contra Avilés de manera permanente en beneficio suyo, tendrá consecuencias". Y aprovechó para "pedir que la nueva comisión del agua la presidiera el PP, ya que la hemos sacado adelante. Esperamos poder llevar a cabo el trabajo con esta comisión que no hicieron desde 2023 en una irresponsabilidad absoluta. Se podían haber reunido con la oposición, con la empresa del agua o buscar las posibilidades de modificar el contrato. No obstante, son chulos y han decidido no pagar. Espero que esta comisión tenga contenido y que nos permita conocer lo que hay detrás de Aguas de Avilés.”

El portavoz del PSOE no desveló todavía sus cartas, y se limitó a replicar que el gobierno local "interventores no somos, quizás intervencionista, pero interventores no. La comisión va a funcionar perfectamente, se debatirá todo lo previsto en el acuerdo y, además, en paralelo, se pondrá en marcha el observatorio del agua. Los incumplimientos podemos debatirlos una y mil veces, pero el incumplimiento flagrante es no haber aprobado el IPC. La causa precipitante es no cumplir el compromiso del IPC que corresponda a las tarifas".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, insistió en que la deuda que se genera con la empresa del agua “es un tema de vital importancia para la ciudad, estamos en un punto que es muy difícil avanzar y hay un enorme oscurantismo entorno a ese contrato.”

Y Sara Retuerto, por Podemos, señaló que “hay una reclamación judicial encima de la mesa, esta petición se remonta a 2018. Es mejor no hablar de flagrantes incumplimientos de contrato, cada uno hará un relato que favorezca a su partido. Lo importante es hablar de ese contrato leonino, que en el mandato pasado nuestro grupo ya llevó a los tribunales. Estamos hablando de muchos millones y de una empresa que obtiene muchos beneficios con un recurso natural. Si lo comparamos con otras privatizaciones deja bastante que desear". Y remarcó que "tanto los concejales del PP como del PSOE apoyaron ese contrato en su momento”.

Esther Llamazares intervino de nuevo para rematar contra el PSOE: “Había que cumplir en aquel momento. En la denuncia de Asturagua no tiene nada que ver con las ordenanzas y en la aprobación del IPC. Ustedes saben que han incumplido, saben que han metido a este Ayuntamiento en un problema y saben que han tratado de ocultar información a todo este Pleno.”

Fue entonces cuando Manuel Campa hizo el anuncio que se había reservado para el final. “El Ayuntamiento y el socio privado van a solicitar paralizar la demanda de manera conjunta para analizar los informes económico y para tomar las medidas que corresponda. Medidas que van a encajar dentro del contrato y dentro del acuerdo de gobierno”.

Ya no hubo contrarréplicas.

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