El Pleno de Avilés abre una negociación por el agua, moviliza 2,2 millones para vivienda y aplaza El Estrellín entre nuevos choques políticos

El conflicto del agua, la política de vivienda, la reorganización de la empresa municipal de Servicios Auxiliares, el futuro de Chemastur y los permisos de inicio de actividad académica de la Universidad Nebrija concentraron buena parte del debate político en el Pleno ordinario de agosto del Ayuntamiento de Avilés, celebrado este viernes. La sesión dejó además dos movimientos de calado: el anuncio del PSOE de que ha alcanzado un acuerdo con Asturagua-Veolia, el socio privado de Aguas de Avilés, para solicitar la suspensión durante 60 días de las actuaciones judiciales por la reclamación de 15,3 millones de euros al Consistorio como compensación de beneficios no obtenidos, y la aprobación de una modificación presupuestaria de 2.878.141 euros, de los que más de 2,2 millones se destinarán a políticas de vivienda. El Pleno también aplazó la modificación urbanística de la cantera de El Estrellín que permitirá al Puerto ganar 80.000 metros cuadrados de superficie logística ante las dudas técnicas de la oposición.

Sesenta días para buscar una salida al conflicto del agua

El principal anuncio político de la sesión llegó al final del debate sobre la creación de la Comisión especial del contrato del ciclo integral del agua. El portavoz socialista, Manuel Campa, desveló entonces que el Ayuntamiento y Asturagua-Veolia -con el 24% y el 76% respectivamente del accionariado de la empresa Aguas de Avilés- han acordado solicitar conjuntamente la paralización temporal de la demanda para disponer de un margen de 60 días en el que intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial. Tal y como señaló Campa, durante ese periodo se realizará un análisis técnico, económico y jurídico de la Tasa Interna de Retorno (TIR) -una rentabilidad mínima firmada en el contrato de concesión- y se elaborará la revisión quinquenal del contrato. "El Ayuntamiento y el socio privado van a solicitar paralizar la demanda de manera conjunta para analizar los informes económicos y tomar las medidas que correspondan", explicó el portavoz socialista, que aseguró que cualquier decisión deberá encajar "dentro del contrato y dentro del acuerdo de gobierno".

La creación de la comisión de seguimiento fue aprobada por unanimidad y estará integrada por once vocales: cuatro del PSOE, cuatro del PP, dos de Cambia Avilés y uno de Vox. Este grupo tendrá como cometido revisar la situación económico-financiera del contrato, el cálculo actualizado de la TIR, las desviaciones acumuladas, las obligaciones de Ayuntamiento y sociedad mixta y la información financiera entre 2019 y 2025. Esther Llamazares pidió que el PP presida el órgano y acusó al ejecutivo municipal de haber actuado con "irresponsabilidad absoluta". "Se podían haber reunido con la oposición, con la empresa del agua o buscar las posibilidades de modificar el contrato. No obstante, son chulos y han decidido no pagar", afirmó. Campa respondió que "nunca hubo un agujero de 15 millones de euros" y resumió la polémica como "mucho humo y poca llama". IU pidió un debate "serio alejado del ruido", Vox habló de "enorme oscurantismo" y Podemos volvió a denunciar un "contrato leonino" en la concesión del servicio.

Más de 2,2 millones para vivienda

La segunda gran discusión del Pleno giró alrededor de una modificación presupuestaria de 2.878.141,68 euros, aprobada con los votos de PSOE, Podemos e IU, la abstención del PP y el rechazo de Vox. El grueso de la operación irá destinado a vivienda: 1.767.317 euros para Ruasa y otros 500.000 euros para la Fundación San Martín. La concejala de Vivienda, Ana Solís, defendió que los fondos permitirán avanzar en la rehabilitación de once viviendas en Pelayo 37 (las antiguas casas de los maestros de Versalles) y otras veinte en el número 2 de Gutiérrez Herrero, además de reforzar el parque público gestionado por la Fundación San Martín con la adquisición de nuevos pisos, una medida a la que está previsto destinar 800.000 euros. "Hay un importante aumento del número de viviendas públicas en nuestro concejo", sostuvo la edil, antes de reivindicar también los 67 contratos firmados en lo que va de ejercicio por el programa Avilés Alquila y las 445 viviendas de Vipasa ya existentes en la ciudad.

El PP cuestionó frontalmente ese balance. Llamazares acusó al gobierno de anunciar repetidamente las mismas actuaciones y aseguró que "han vendido cuatro veces once viviendas que no van a ver la luz hasta 2029". "Esto es humo, los ciudadanos pensarán que hay en marcha mil viviendas, pero son once", ironizó. Vox insistió en que el problema debe abordarse mediante un aumento de la oferta, con mayor colaboración del sector privado.

El debate se prolongó después con la propuesta de declarar Avilés como zona tensionada, una medida que volvió a enfrentar al gobierno con PP y Vox. Arancha Martínez rechazó que la solución pase por limitar precios y advirtió de que esas políticas pueden provocar que los pequeños propietarios retiren pisos del mercado. Llamazares cuestionó además que existan ya datos suficientes para justificar la declaración de todo el municipio -Solís lo había asegurado minutos antes- y acusó al Ejecutivo de querer "controlar el patrimonio" de los ciudadanos. Solís defendió, por el contrario, que la medida no se limita a establecer topes al alquiler y que permitirá acceder a financiación estatal para reforzar las políticas públicas de vivienda. "No usurpamos nada, somos el gobierno y estamos cumpliendo la ley", respondió la concejala, que reivindicó la intervención pública para garantizar el acceso a la vivienda.

La modificación presupuestaria incluye además 338.833 euros para el servicio de recogida de animales abandonados, 71.990 euros para mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario y 200.000 euros para amortización anticipada de deuda. La partida destinada a animales abrió otro enfrentamiento entre Llamazares y la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, después de que el PP denunciase falta de documentación contractual. Ruiz explicó que una licitación quedó desierta y que el Ayuntamiento optó por mantener el servicio ante el incremento de abandonos. David García, portavoz de Cambia Avilés, respaldó la modificación, pero lanzó un aviso político al PSOE: "Será la última vez que les apoyemos; a partir de septiembre no apoyaremos más propuestas si no hay cambios en este acuerdo".

La Nebrija sigue pendiente de la autorización autonómica

La implantación del grado de Enfermería de la Universidad Nebrija en Avilés volvió a aparecer en la sesión a través de un ruego del PP. Ceila Fernández alertó de la "creciente incertidumbre" entre los futuros alumnos por la falta de autorización definitiva de la Consejería y defendió la importancia del proyecto para "atraer talento joven, generar actividad económica y responder a la demanda de profesionales sanitarios". El concejal de Administración General, Noé Vega, aseguró que el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con Nebrija y con el Principado. "Por parte del Ayuntamiento todos los trámites han sido solucionados", recalcó, trasladando al ámbito autonómico el último paso pendiente. Fuentes de la consejería de Ciencia consultadas por este periódico afirmaron que la tramitación "va en plazo" y que "todo apunta a que no va a haber el más mínimo problema" para que la institución pueda comenzar las clases en septiembre.

La presión de IU por los servicios auxiliares

La situación de la empresa de Servicios Auxiliares y la "municipalización" de conserjes y ordenanzas regresó al debate un día después de que IU volviese a amenazar con romper el gobierno local si no veía avances en este sentido en próximas fechas. David García, edil de Podemos, preguntó directamente en qué punto se encuentra el proceso de asunción de estos trabajadores. Campa respondió que se está abordando conjuntamente con la reforma general de la empresa municipal y que el objetivo del gobierno es trasladar esa "voluntad política" a una fórmula que cuente con todas las garantías jurídicas y responda al interés general. La respuesta mantiene abierto uno de los principales debates internos del Ejecutivo de coalición y no concreta todavía un calendario para culminar el proceso.

El futuro de Chemastur llevó también la política industrial del Puerto al salón de Plenos. El PP preguntó qué posición defendió la alcaldesa tras la decisión de la Autoridad Portuaria de no prorrogar la concesión a la compañía y relacionó el asunto con la futura gestión de los terrenos de Baterías. Campa cargó con dureza contra Llamazares. "¿Por qué miente con ese descaro?", preguntó, antes de insistir en que se estaban mezclando situaciones diferentes. La portavoz popular respondió que "no miento nunca" y reprochó al gobierno sus contradicciones sobre la estrategia portuaria. Vox se sumó a las críticas y advirtió de que, tras los cambios de posición percibidos en relación con Baterías, "se ha terminado la voluntad de apoyar estos megaproyectos".

El expediente sobre la cantera de El Estrellín terminó, en cambio, aplazado. El gobierno pretendía aprobar inicialmente una modificación del Plan General vinculada al convenio con Acciona, pero las dudas planteadas por PP, Vox y Podemos sobre los usos energéticos, la posibilidad de instalar parques de baterías, los terrenos portuarios incluidos y las contraprestaciones para Avilés llevaron finalmente a Campa a retirar el asunto del orden del día. "Lo mejor será que nos sentemos a hablar de este tema y lo emplacemos al próximo Pleno", concluyó. El expediente volverá así a comisión antes de regresar a la Corporación.

La fiscalización dejó además debates sobre la necesidad de nuevos contenedores en Llaranes, modificaciones en la señalética relacionada con los perros, accesibilidad en eventos municipales, homenajes a deportistas olímpicos y paralímpicos avilesinos, mejoras en el nuevo Conservatorio, el estado de los parques infantiles, las restriccioens a la celebración del Mundial y el funcionamiento de la web de comercio online Tiendaviles. Sobre esta última plataforma, el gobierno cifró su facturación en unos 10.000 euros, mientras Vox y PP cuestionaron la rentabilidad de una iniciativa que exigió una inversión pública muy superior. Llamazares llegó a calificar Tiendaviles como "una vergüenza" y acusó al Ejecutivo de utilizar al comercio para acceder a otras líneas de inversión.

La oposición también llevó al Pleno cuestiones sobre la puesta en marcha de chatbot turístico con IA en la oficina de turismo, compatibilidades de empleados públicos, las cuentas de la Mancomunidad, campañas comerciales, la sobrecarga de servicios municipales, la explotación de barras de hostelería en instalaciones públicas y la puesta a punto de los centros educativos. Raquel Ruiz, edil de Hacienda señaló que las campañas de Comercio han movilizado alrededor de 831.000 euros, con 190.000 participaciones y entre 150 y 170 establecimientos implicados de forma recurrente. El gobierno negó que existan servicios estructuralmente sobrecargados, aunque admitió que se producen picos puntuales de trabajo. Cultura reconoció además que será "complicado" disponer al inicio del curso de todo el equipamiento previsto para el nuevo Conservatorio.

El Pleno concluyó con una nota de consenso alrededor de Saint-Gobain. La alcaldesa, Mariví Monteserín, felicitó a la compañía por la inversión prevista en su nuevo horno y destacó el trabajo institucional realizado para garantizar la continuidad de la actividad industrial. "Hemos conseguido un horno que despeja el futuro para los próximos veinticinco años y que creará empleo", afirmó. La regidora calificó la operación como "una gran noticia para la ciudad", cerrando así una sesión marcada por las grandes cuestiones económicas y de gestión, pero también por el aumento de la tensión entre gobierno y oposición y por los avisos lanzados dentro de la propia coalición municipal.

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