El PSOE de Avilés descarta pagar una compensación al socio privado del agua: "Solo negociaremos las medidas necesarias para cumplir el contrato"

"Solo negociaremos las medidas necesarias para cumplir el contrato" con el socio privado de Aguas de Avilés. Así lo asegura el portavoz municipal del PSOE, Manuel Campa, quien afirma que la tregua pactada con Aguas de Avilés para paralizar durante dos meses la reclamación judicial de 15,3 millones de euros como compensación a los beneficios mínimos no obtenidos, tiene como objetivo "encontrar una solución dialogada y pactada que responda al interés general y proteja los intereses del Ayuntamiento"; pero que en ningún momento se baraja hacer una aportación millonaria a la compañía ni tampoco se descarta seguir explorando la remunicipalización del servicio.

Estas afirmaciones llegan solo un día después de que sus socios de gobierno, IU, denunciasen públicamente que no sabían nada de las negociaciones entre PSOE y Asturagua-Veolia que han derivado en la paralización del proceso judicial. "Desconocemos en qué términos se está produciendo una negociación con la empresa privada que, hasta ahora, se nos había asegurado como imposible; IU ni va a apoyar una aportación millonaria a la multinacional con cargo a las arcas municipales, ni mucho menos un descabellado tarifazo en los recibos del agua", advirtieron desde la coalición, integrantes del gobierno local, que también afirmaron que Asturagua-Veolia había planteado un "tarifazo" del 58,7% más el IPC en el recibo del agua o percibir los 15,3 millones de euros en concepto de "subvención", en su reclamación.

"Si IU, una fuerza de gobierno, cree que es imposible negociar para buscar el interés público, nos vemos obligados a valorar si su papel dentro del gobierno municipal sigue siendo necesario", advirtió este domingo el portavoz municipal socialista, Manuel Campa, que agregó: "Siempre hemos sido leales con nuestros socios, pero la amenaza constante de IU de abandonar el gobierno no genera, precisamente, ni confianza ni estabilidad. El PSOE no ha cambiado de postura. Siempre defendemos los intereses de la ciudadanía. Y no lo hacemos con amenazas y secretos, sino con responsabilidad. Tampoco dedicaremos más tiempo al consuelo y a responder comunicados que a trabajar y a gobernar. Porque en eso es en lo que está el PSOE de Avilés".

Por otro lado, Campa culpó del contencioso interpuesto por la empresa a la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares. "Fue la impulsora del primer incumplimiento grave a finales del año 2025, cuando votó en contra de cumplir un principio básico del contrato, que es actualizar las tarifas conforme al IPC", señaló Campa, de unas reclamaciones que la compañía ya había iniciado en mayo de 2024, tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA. "Hasta ahora, nuestros socios de gobierno entendían que el contrato debía de cumplirse en todos sus términos y el PSOE siempre ha tenido presente que IU no aceptaría una aportación extraordinaria. Ese escenario sigue vigente. Únicamente negociaremos con el socio privado las medidas necesarias para cumplir un contrato", expuso el socialista.

Tras conocerse la millonaria reclamación del socio privado del agua, PSOE e IU afirmaron que estaban trabajando, junto con el Principado, en la remunicipalización del servicio. "Por supuesto que el PSOE ha analizado todas las alternativas viables, incluida la posibilidad de rescindir el contrato y hacer 100% público el servicio. Un objetivo al que no renunciamos porque tenemos la certeza de que Aguas de Avilés es un instrumento útil que ha conseguido modernizar y transformar el sistema de agua en Avilés y ofrecer un servicio eficiente y de calidad", afirmó Campa en su comunicado, en el que también señaló que "aunque IU, presente en este recorrido, debería ser consciente de que avanzar hacia una gestión completamente pública también implica dificultades": "Un servicio público debe sostenerse con tasas. Como fuerza de gobierno, IU habrá calculado los costes. El PSOE sí lo ha hecho y seguimos explorando las alternativas más beneficiosas, también a largo plazo, para la ciudad".

"Ni nuestros socios de gobierno ni el Partido Popular han llegado a entender qué reclama el socio privado, que es el cumplimiento de un contrato que fue aprobado por el Pleno Municipal. El fundamento de la demanda es adoptar medidas que permitan el cumplimiento de los compromisos contractuales y la empresa presenta la reclamación judicial porque entienden que la rentabilidad obtenida es muy inferior a la mínima estipulada en el mismo. Pero siempre es más fácil simplificar el argumento, como hace Esther Llamazares hablando de 15 millones de euros", criticó Campa, que remató: "Todos los grupos de la corporación deberían saber y recordar que el Pleno es el órgano competente para adoptar medidas sobre este contrato y que los contratos hay que cumplirlos".

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