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El PP acusa al gobierno de Avilés de "saltarse la norma" en la gestión del agua

Los populares sostienen que el Ayuntamiento no resolvió en plazo las reclamaciones de Asturagua por 15,3 millones y denuncian que el expediente está incompleto

Esther Llamazares, en el grupo municipal del PP.

Esther Llamazares, en el grupo municipal del PP. / Miki López

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Saúl Fernández

Saúl Fernández

Avilés

La gestión del servicio de agua de Avilés por parte de la sociedad mixta Asturagua llegará este viernes de manera extraordinaria al Pleno municipal. “Es una enorme barbaridad permitir que la empresa denuncie a este Ayuntamiento por más de 15 millones de euros”, recalcó la concejala Esther Llamazares, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés.

“Hay una empresa que está reclamando dinero al Ayuntamiento de Avilés, pero el Ayuntamiento de Avilés no sabe qué dinero le debe porque no tiene ningún control, ningún tipo de documentación en el expediente”, añadió antes de leer un fragmento de un informe conjunto de la Secretaría General y la Intervención municipal solicitado por el PP: “Se constata que las reclamaciones de la empresa Asturagua de fecha 31 de mayo de 2024 y de 30 de junio de 2025 no han sido resueltas en plazo, ya que no se han realizado en dicho expediente los trámites administrativos necesarios para ser sometido el asunto a la decisión del Pleno”.

Llamazares explicó que lo señalado por los altos funcionarios municipales tiene, a su juicio, una lectura política: “Responde a un pacto que llevaron a cabo el PSOE con Cambia Avilés en el año 2023 para mantenerse en el gobierno”. Es decir, subrayó la portavoz popular: “Incumplir la ley es lo que mantiene al Partido Socialista de Avilés en el Gobierno”.

Para la también diputada nacional, “el gobierno de Avilés no es nadie por sí mismo para negociar con la empresa del agua”. “No puede negociar nada que no esté sometido al mandato del Pleno de la Corporación. Es decir, este expediente debe pasar en todas sus actuaciones por el Pleno Municipal, que es el órgano competente”, señaló.

El Pleno extraordinario

Esther Llamazares explicó que su partido solicitó el Pleno extraordinario del viernes por dos motivos. Por un lado, porque “hay elementos importantes para que este debate sea público” y, por otro, porque el grupo municipal precisaba seguridad jurídica: “Necesitábamos tener la certeza de que estábamos en lo correcto en todas nuestras denuncias previas”. Esto último ha llegado, según el PP, en forma del informe conjunto de los dos altos funcionarios municipales.

Llamazares señaló: “Nosotros hemos dicho desde el principio que la causa de la denuncia de Asturagua contra el Ayuntamiento eran los incumplimientos y la dejadez de funciones del gobierno municipal”. Y añadió: “En este informe se puede constatar que efectivamente la Secretaría avala que esa denuncia viene derivada de la dejación del incumplimiento de obligaciones por parte del gobierno municipal”.

Las sospechas del PP de Avilés sobre la gestión del servicio de agua comenzaron después de que el socio privado de la empresa mixta Asturagua hubiera reclamado al Ayuntamiento 15,3 millones de euros correspondientes al periodo 2020-2024. Se trata de una cantidad que fue incluida como provisión en la Cuenta General de 2025.

“Es decir, hemos dicho desde el principio que la causa de esa denuncia eran los incumplimientos y la dejadez de funciones del gobierno municipal. Y obviamente en este informe se puede constatar que efectivamente la Secretaría avala que esa denuncia viene derivada del incumplimiento de obligaciones por parte del gobierno municipal. Dice también que esta reclamación debe ser resuelta de manera expresa conforme a la obligación legal de resolver que tienen las Administraciones Públicas. Faltaría más”.

Y lamentó: “El informe de la Secretaría nos dice que resulta imposible emitir informe señalando la legislación aplicable porque el expediente está incompleto, por eso no se dispone de los documentos técnicos, jurídicos y económicos que permitan redactar el informe preceptivo solicitado”, apuntó la concejala popular.

“Se han saltado la norma, se han saltado a los habilitados nacionales, es decir, a los fedatarios públicos”, concluyó.

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