Negociación contrarreloj en Avilés: el Ayuntamiento busca los equilibrios para evitar el juicio millonario con Asturagua

De lo que va la reverdecida crisis del agua en el municipio de Avilés es de reestablecer el equilibrio de lo que recoge el contrato de gestión de explotación del ciclo integral de agua: el socio privado -es la multinacional Veolia a través de la empresa Asturagua- reclama 15,3 millones al Ayuntamiento de Avilés y hace eso porque considera que ha dejado de ganar mucho de lo que tenía previsto cuando en 2009 se hizo con la explotación del servicio.

El Ayuntamiento de Avilés, por su parte, considera que esta petición se sale de los márgenes establecidos, es decir, que la petición de Asturagua está fuera de la realidad. Así que las dos partes han empezado a negociar cómo evitar que sea un juez el que determine cuál de las dos partes tiene razón. Todo esto es lo que se va a haber en el Pleno extraordinario que está convocado esta mañana y en el que los socialistas se presentan con los demás grupos municipales en contra de su punto de vista (privatizar el servicio del agua fue buena idea y la ciudad lo ha notado).

El estado natural de las relaciones entre la empresa Asturagua y el Ayuntamiento de Avilés es el de la crisis. En 2021 se produjo una de las más importantes y, ahora, en 2026, la situación se ha multiplicado. Hace cinco años, el dinero que cobró Asturagua fueron dos millones; la cifra actual se multiplica más que por siete. La filial de Veolia ha presentado una demanda. Y esa demanda es la que se mueve como un péndulo sobra las cabezas de los miembros del Pleno municipal, que impidieron la subida del IPC que se había reclamado.

El servicio integral de agua de Avilés se concedió en 2009 a la empresa que se comprometía a abonar el canon más alto (el que iba a pagar más a la ciudad para explotarlo) y la cantidad menor de beneficio. La madre del cordero de la crisis está, precisamente, en este punto (el canon hace años que se gastó: reduciendo deuda, entre otras cosas). Lo de los beneficios se llama Tasa Interna de Retorno (TIR). Asturagua dijo que iba a cobrar el 4,53 por ciento de la facturación. En el contrato se indicaba también que lo que estuviera por debajo debía ponerlo el socio público: de ahí la demanda. La TIR actual está en el 2,45 por ciento y está ahí después del abono de los dos millones de 2021 (entonces estaba en 2,14 por ciento). Es decir, lo que busca el PSOE -ningún partido le sigue, ni siquiera el PP, que en 2009 dijo sí a la privatización del servicio- es corregir el desequilibrio. Y poco a poco se ha ido llevando a cabo. Considera, sin embargo, que abonar esos 15,3 millones que ha puesto Asturagua encima de la mesa es una prospección ficticia: el contrato de Aguas de Avilés dura de 2009 a 2034, lo que vaya a suceder de aquí al final del contrato ni lo sabe el Ayuntamiento, ni lo sabe la propia Asturagua que lo está reclamando.

Esta situación favorable a Asturagua tiene una contrapartida en el Ayuntamiento. Y es que si la TIR del socio privado supera el 6,50%, el Ayuntamiento queda liberado de la obligación de subir la tasa de agua y alcantarillado según el IPC ese año. Es decir, el mecanismo funciona en las dos direcciones: protege al socio privado si gana poco, pero también libera al Ayuntamiento de subir tarifas si el socio privado gana mucho.

El PP, sin embargo, reprocha al PSOE que en la Cuenta General del Ayuntamiento exista una provisión de 15,3 millones. Sucede que las administraciones y las sociedades de capital reservan cuantías dinerarias en función de posibles demandas, proyectos de pagos a futuro… es decir, que lo mismo que hay 15,3 millones, está también la cantidad reclamada por denuncias de calibre menor (caídas, resbalones). Se da la circunstancia de que la Cuenta General no es el presupuesto.

La disputa económica ha acabado también en los tribunales. El Partido Popular sostiene que el Ayuntamiento ha pedido la paralización del procedimiento judicial para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con Asturagua.

Sin embargo, la portavoz popular, Esther Llamazares, definió todo esto como un "hachazo judicial" de tal modo que cuestionó la gestión del gobierno local por el riesgo que, a su juicio, supone para las arcas municipales una reclamación de esta magnitud.

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