El PP pide reprobar al gobierno por la crisis del agua y el PSOE confirma la paralización de la demanda de 15,3 millones

El agua volvió a ocupar este viernes el centro del debate político en Avilés. Y, para subrayarlo, el Pleno extraordinario estrenó incluso jarras de agua. Casualidad o no el debate estuvo servido. Sobre la mesa estaba la reclamación de 15,3 millones de euros planteada por la multinacional Veolia a través de la empresa Asturagua al Ayuntamiento. Esther Llamazares, portavoz del PP en Avilés, solicitó la reprobación del gobierno municipal, que se llevará, anticipó, al próximo Pleno. “Hay que depurar responsabilidades y alguien tendrá que dimitir, tal vez la Alcaldesa (Mariví Monteserín, del PSOE), dijo la popular. El socialista Manuel Campa aclaró el contenido de las últimas reuniones con la empresa del agua cuando se ha cumplido el tercer quinquenio de relación: “Se ha alcanzado un acuerdo: paralizar la demanda mientras se elabora un informe que permitirá estudiar medidas, nada más”, zanjó.

Según explicó el socialista, cuando el Juzgado reciba el acuerdo de ambas partes, el procedimiento quedará suspendido durante 60 días y, durante ese periodo, se recibirá el citado informe. “La empresa funciona, la sociedad mixta funciona, el servicio es uno de los mejores y así va a seguir siendo pese a quien pese”, aseguró Campa, quien añadió que las posibles medidas que se adopten tras recibir el informe serán compartidas. Asimismo, según ha podido saber este diario, se ha constituido una comisión especial del agua destinada al análisis, seguimiento y control del ciclo integral del agua gestionado mediante la sociedad de economía mixta "Aguas de Avilés" que en nombre del PSOE representará Manuel Campa; por el PP Esther Llamazares; Cambia Avilés, David García y por Vox, Arancha Martínez Riola.

La Corporación celebró el Pleno con 21 concejales presentes y cuatro ausencias justificadas. Cada grupo disponía de 15 minutos de intervención, distribuibles a su manera. Y la distribución, como el propio debate, fue amplia.

Llamazares insistió en que el debate no debía centrarse en renegociar el contrato ni en discutir las posiciones políticas sobre la subida del IPC. “No venimos a debatir ni a negociar el contrato del agua. Venimos a debatir que se ha incumplido. Y venimos a demostrar que se ha incumplido con mala fe”, manifestó. La portavoz popular se refirió a las reclamaciones de la empresa y a la posterior vía judicial, y calificó la demanda como “muy grave” por considerar que perjudica “los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad”. También pidió explicaciones sobre las conversaciones con la empresa para alcanzar un posible acuerdo. También se dirigió en distintas ocasiones a Izquierda Unida, representado en el Pleno por Agustín Medina.

Un debate desde 2009

Desde IU, su portavoz, Agustín Medina, recordó que los concejales de su formación votaron en contra de la privatización de la gestión del agua en 2009. “IU es el único partido que siempre defendió que el agua no es una mercancía para especular”, manifestó.

Medina repasó además antecedentes relacionados con la gestión del agua en Avilés y sostuvo que su grupo seguirá defendiendo los intereses públicos “frente a fondos de inversión”. “Nos negamos a decidir entre la peste y la cólera”, resumió, antes de insistir en la posición de IU favorable a que el agua sea gestionada como “servicio público de interés general”.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, situó el origen del problema en el propio contrato firmado en 2009. “Esto no es un problema sobrevenido sino consecuencia de un contrato que nunca se debió firmar”, afirmó. Según sostuvo, el contrato “está tan mal diseñado que está en desequilibrio desde el primer día”, y responsabilizó tanto al PSOE como al PP de lo acordado entonces. Vox se cuestionó por qué se hizo “caso omiso” de dos reclamaciones de la empresa en 2024 y 2025. También reclamó explicaciones sobre la suspensión de las acciones judiciales y las medidas puestas sobre la mesa.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, defendió el modelo de sociedad de economía mixta y sostuvo que el contrato permitió mejorar la red y el funcionamiento del ciclo integral del agua. “Defendimos, defendemos y defenderemos” ese modelo, aseguró. Campa recordó las condiciones de la red en el momento de la adjudicación y señaló que entonces el Ayuntamiento no tenía capacidad para resolver determinadas averías con la rapidez actual. También aportó cifras sobre la aportación económica de la empresa y las inversiones realizadas. Sobre la situación actual, sostuvo que la presentación de una demanda por parte del socio privado entra dentro de la dinámica prevista en el contrato y que es “normal que el Gobierno tenga conversaciones con el socio” para estudiar la situación “dentro de los límites del contrato”.

David García, de Podemos, reclamó mayor transparencia en el proceso y expresó su preocupación por las negociaciones entre el PSOE y Veolia. “Mientras pedimos transparencia nos preocupa que el PSOE negocie a puerta cerrada”, afirmó. Defendió la recuperación de la gestión pública del agua y pidió que cualquier negociación sea pública. “No queremos más contratos que hipotequen el futuro de Avilés”, señaló García.

Reproches

Llamazares reprochó a otros grupos que no se hubieran leído el contrato y defendió el papel del PP en la fiscalización del asunto. También recordó que fue su grupo quien puso el foco sobre la provisión de 15,3 millones de euros incluida en la Cuenta General. Sus palabras no gustaron. Campa respondió a algunas de las intervenciones con una referencia a la portavoz popular: “Tiene complejo de abogada de película mala”. Añadió que él no insultaba ni dudaba “de las capacidades de la gente”. Agustín Medina intervino después por alusiones y elevó también el tono. “Usted viene aquí a vomitar su frustración y a insultar. Se comporta como un animal herido. Este Pleno se merece un poco de respeto”, manifestó. Llamazares cerró ese intercambio con una defensa de su intervención: “Hay un procedimiento judicial de 15 millones de euros. Vengo aquí a decir la verdad”.

La muralla medieval

El Pleno extraordinario abordó también la contratación de las obras de recuperación de la muralla. Arancha Martínez Riola, de Vox, defendió la recuperación del monumento, pero reclamó transparencia en todo el proceso. Criticó la forma en que se distribuyeron los trabajos por lotes y cuestionó distintos aspectos de la adjudicación. Según expuso, al primer lote concurrieron tres empresas y Erri Berri obtuvo la menor puntuación en el apartado técnico. Vox preguntó cómo terminó obteniendo el contrato y sostuvo que la adjudicación se resolvió por el precio, con una oferta que calificó de “baja temeraria”.

“Se premió precio sobre protección del patrimonio”, afirmó Martínez Riola, quien añadió que “la oferta más barata puede ser la más cara” en referencia a un modificado superior a 50.000 euros. La portavoz de Vox preguntó además al Gobierno municipal si conocía una investigación de la UCO relacionada con la empresa y si, a partir de esa información, se había adoptado alguna medida de fiscalización.

Agustín Medina, de IU, respondió que su grupo no veía “evidencia de ninguna irregularidad” en el expediente y consideró que el asunto no justificaba la convocatoria de un Pleno extraordinario. “Entendemos que es un ejemplo más de practicar el deporte de chapotear en el fango”, afirmó.

Llamazares defendió la necesidad de la sesión y volvió a relacionar la fiscalización con la exigencia de responsabilidades. “Con el tema del agua alguien tiene que dimitir”, sostuvo a modo de "flashback", y añadió que, a su juicio, se demostrarán responsabilidades.

El socialista Pelayo García realizó una lectura del expediente y pidió “responsabilidad” a la hora de abordar la contratación. “Una cosa es fiscalizar el expediente y otra incurrir en sospechas”, afirmó.

García reconoció que la empresa adjudicataria había obtenido una peor valoración en uno de los apartados, pero señaló que la puntuación final respondía al conjunto de criterios establecidos. También explicó que la consideración de una oferta como baja temeraria depende de las propuestas presentadas y se determina en la mesa de contratación. “Si queremos fiscalizar hay que hacerlo con rigor”, afirmó, antes de concluir que, según su exposición, la contratación y la adjudicación se realizaron conforme a los criterios previstos.

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Avilés se prolongó durante dos horas.

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