Si alguna necesidad con vistas al futuro tiene la sociedad española, esa es un pacto nacional para mejorar la educación para las futuras generaciones que se moverán en un mundo muy diferente al de sus padres y abuelos, marcado por la sociedad digital que se impone en todas las realidades de la vida; los alumnos actuales son los conocidos como los Z nacidos en la era digital.
Sin embargo, la educación es un tema que no merece la atención de los políticos, que en sus debates televisivos apenas la nombran y si lo hacen es para imponer la escuela única, laica y pública intentando erradicar la libertad de los padres. Cualquier reforma por acabar con la postración educativa, es atacada y rechazada por aquellos inmovilistas que se han parado en el tópico escuela: única, pública. La enseñanza pública parece conformarse con exigir menos y promocionar como sea. Además no es un regalo del Gobierno de turno, sino que la pagan todos los españoles con sus impuestos, por eso no es gratis, sino cara cuando los resultados no son los adecuados.
Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos, especialmente a las rentas más bajas. Mientras todo se discute: España es el país de la UE donde más abandono escolar se constata. La ley LOMLOE de la ministra Celaá, que se educó ella y sus hijas en colegios concertados de élite impuesta sin consenso y sin consultar con la comunidad educativa, contra la lengua oficial de España para favorecer a los que quieren destruir España es más de lo mismo: menos libertad, más laicismo, menos calidad educativa, más burocracia, más presión a la enseñanza concertada y diferenciada, tan constitucionales como la escuela única, laicista, igualitaria propia de los países que imponen un modelo de educación estatalizado. Dice la Constitución: “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.
