Roja, feminazi, pesada, inculta, incluso toca pelotas… Durante estos años de militancia y, sobre todo, de actividad como concejala del Ayuntamiento de Avilés me habían llamado de muchas maneras, pero nunca me habían calificado como “contrabandista de los valores democráticos”. Recientemente, el portavoz socialista, Manuel Campa, nos llamaba así reaccionando al anuncio que nuestro grupo, Cambia Avilés, había hecho sobre la personación, como acusación popular, por el posible caso de corrupción en la licitación de baterías de cok de Avilés. Posible caso de corrupción que la Fiscalía ha elevado al juzgado por un presunto caso de tráfico de influencias nada más y nada menos que de Álvaro Álvarez.
Para aquellas pocas personas de Avilés que no conozcan quién es este hombre, se puede resumir fácilmente en una frase: él lo es todo en el PSOE avilesino. Fue Secretario General de la agrupación socialista avilesina, concejal del Ayuntamiento y diputado en la Junta General del Principado de Asturias. Actualmente, aunque esto es más subjetivo, pese a su petición de baja de militancia tras el escándalo de baterías, sigue siendo uno de los pesos pesados del PSOE avilesino. Además, no hay más que ver sus continuos encuentros informales con diferentes personalidades de su partido.
En la rueda de prensa en la que anunciamos la personación al juicio explicábamos que lo hacíamos porque entendemos que los intereses de la ciudad y de nuestros vecinos y vecinas están siendo atacados cuando hay un posible caso de corrupción con tráfico de influencias en un proyecto de licitación tan grande y fundamental para nuestra ciudad como son las baterías de cok y su futuro proyecto y uso. Proyecto del que nos cansamos de pedir concreción e información al gobierno, pero seguimos sin conocer a día de hoy cuáles son las propuestas e ideas que tiene el PSOE para con ese suelo, en el que entendemos que es una oportunidad fundamental de revivir, resignificar e impulsar la actividad económica de nuestra ciudad.
También explicamos que entendíamos que esta personación popular en el caso debería haberla hecho el propio gobierno. No es de recibo que ante un posible caso de corrupción tan grave como éste el gobierno avilesino esté inactivo y no haya dicho absolutamente nada durante estos meses salvo la defensa, férrea, de su ex secretario general.
El actual secretario general del PSOE, Luis Fernández Huerga, llegó a decir, incluso, que esas acusaciones eran una manipulación o ilusión. Me pregunto si esa misma respuesta se la daría al fiscal que ve indicios de delito en la actuación. La obligación de un gobierno es defender los intereses de sus vecinos y vecinas, sea quien sea la persona que esté siendo investigada.Tampoco es de recibo que ante el anuncio de nuestro grupo de personarnos en el procedimiento judicial la reacción del gobierno sea atacarnos y amenazar con romper el pacto presupuestario. Una reacción así da a entender que podría haber por parte del PSOE avilesino nerviosismo, incomodidad e, incluso, recelo ante la labor, legítima, de nuestro grupo municipal de querer saber toda la información sobre este posible caso de corrupción y defender los intereses de nuestra ciudad.
El gobierno y PSOE avilesino no debería atacarnos y criticar la personación en el juicio, sino tener una actitud proactiva para que se esclareciera cuanto antes los posibles hechos corruptos en la licitación de baterías. Si no tiene esa actitud activa, está actuando de perfil, mirando para otro lado y, por tanto, se podría llegar a pensar que está anteponiendo sus intereses partidistas y personales a los intereses de la ciudad. Responder ante la personación con ataques y amenazas más bien parece una actitud infantil y políticamente inmadura de “ahora me enfado y no te ajunto”. Quizás el portavoz socialista entienda de forma errónea quiénes son los contrabandistas de la democracia y cómo se defienden realmente los intereses democráticos de nuestra ciudad.
