Los técnicos de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, y los de la Intervención General de la Seguridad Social que llevarán a cabo el mandamiento de intervención judicial de Alu Ibérica y sus sociedades afines ya han sido bautizados por algunos trabajadores de la fábrica avilesina de aluminio como los “hombres de negro”, por la similitud entre su función y la de los inspectores que envían periódicamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo a España a hacer el examen anual de su economía, los apodados “men in black”.
Esos expertos en gestión contable, control financiero y auditoría empresarial entrarán en Alu Ibérica con carta blanca de la juez María Tardón para acceder a todo tipo de información, moverse a su antojo, hablar con cualquier empleado y exigir informes de todo tipo, en especial relacionados con la tesorería. El alcance de las acciones de los “hombres de negro” abarca tanto el día a día de la empresa intervenida en cualquier operación por importe superior a 20.000 euros como los actos jurídicos de las seis sociedades que constituyen la estructura creada por Grupo Industrial Riesgo para operar en el sector del aluminio.
¿Qué es la intervención judicial?
Se trata de una medida cautelar que puede adoptarse sobre la base legal del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla como una de las primeras diligencias a practicar en el marco de una causa penal la de proteger los intereses de los perjudicados por el delito.
¿Quiénes han instado esta medida cautelar?
En el caso concreto de Alu Ibérica, la medida fue instada por la Fiscalía Anticorrupción y defendida como necesaria por los querellantes, la Confederación de Cuadros Profesionales y demás sindicatos adheridos (CC OO, la UGT y USO).
¿Cuál es el antecedente de la decisión judicial?
Una querella de la Confederación de Cuadros Profesionales dirigida contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. El hombre que figura a la cabeza de todo el entramado es el ciudadano argentino Víctor Rubén Domenech, que también usa el nombre de David.
¿Cuánto tiempo dura?
Esta intervención judicial se desarrollará por un período de seis meses, prorrogable en periodos iguales.
¿Quiénes quedan a partir de ahora al mando de las fábricas?
En el auto que pone en marcha el proceso de tutela de las fábricas de Alu Ibérica, la magistrada María Tardón Olmos designa como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.
¿Qué alcance societario tiene la intervención judicial?
Por orden de la juez se requerirá la autorización del interventor para todas las operaciones de las sociedades Iberian Green Aluminium Company (antigua System Capital Management), Alu Holding LC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU.
El procedimiento judicial abreviado sobre la presunta venta fraudulenta de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña que instruye la juez de la Audiencia Nacional María Tardón Olmos deparó ayer un giro de guión al incierto devenir fabril. La magistrada decretó la intervención judicial de la planta avilesina de Alu Ibérica (antigua Alcoa) y también de su gemela de La Coruña a la vista de indicios que apuntan, cuando menos, a prácticas de saqueo y descapitalización de la empresa. La intervención judicial se enmarca en la investigación abierta tras la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña.
A juicio del querellante compartido por la Fiscalía, existen indicios de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. La acción se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group. Estas son, precisamente, las sociedades que han quedado ahora intervenidas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por decisión de la juez Tardón.
