Hay un vídeo interesante que se titula “Avilés, cuarenta años de democracia”. Ofrece un hilo conductor ameno y un recorrido abreviado por los cambios tan importantes que se han producido en muchos aspectos de la ciudad, elaborado con testimonios de personas muy destacadas de la política, de la actividad municipal y también de otros ámbitos como el periodístico, el sindical o el empresarial.
Ayuda a reafirmar la idea de que la acción política es un magnífico instrumento para mejorar la vida de las personas, aunque también puede llevarnos a creer, quizás de forma errada, que cualquier tiempo político pasado fue mejor. Esto último se refuerza si atendemos a algunas intervenciones públicas, donde parece que esa actividad política, lejos de la de ayer, es hoy el arte de la confusión, de la contradicción, de la maña para negar evidencias, de la habilidad para eludir cualquier compromiso que implique una consideración mínima hacia lo que venga de terceros. Incluso pareciera ser un espacio reservado a la simpleza, al optar por los caminos más cortos, quizás más cómodos, sin considerar realmente sus costes, sus efectos o su impacto en la vida de las personas.
En lo que a la gestión de recursos humanos se refiere, los gobiernos municipales han practicado con frecuencia una cierta ocultación de realidades, cuando menos, una dispersión en sus explicaciones, con la pretensión incluida de ofrecer una visión amable de su gestión, pero que hace tiempo que no se corresponde con la realidad expresada desde el ámbito sindical. El último pleno no ha sido una excepción. Se han tratado dos cuestiones importantes, que tienen un carácter de transversalidad y para las que algún día, más pronto que tarde, se necesitará de un consenso amplio, evidentemente con la voluntad necesaria de quien tiene capacidad de decisión. Una de ellas, fue relativa a las enésimas modificaciones de la relación de puestos de trabajo. Otra, con motivo del ruego presentado por los grupos municipales de PP, Cs, Cambia Avilés y Vox, en el que plantearon la paralización temporal de los procesos selectivos, hasta conocer el alcance de las modificaciones legales que se han anunciado por el ministerio del ramo y que afectarán a la forma de resolver la excesiva y abusiva temporalidad existente en el conjunto de las administraciones públicas.
Nuestro agradecimiento a los grupos de la oposición por su participación en los asuntos relativos a la plantilla. Es cierto que el protagonismo o responsabilidad principal de la gestión corresponde a cada gobierno municipal, pero no se puede negar que las cosas que se han de votar en los plenos, por ser competencia de dicho órgano, implican a todos sus integrantes que, de alguna forma, asumen una parte solidaria o proporcional de la carga en esas decisiones finales y sus consecuencias.
Parece que la Alcaldesa ha elegido la negación constante como ruta a seguir, afirmándose en realidades paralelas, cayendo en contradicciones innegables e instalada en un parapeto de cierto ninguneo a las cosas del personal de la casa. Esa lista es amplia, pero nos referimos hoy a esos dos aspectos por su repercusión en la organización municipal y en las personas. Se niega una revisión global de la valoración y relación de puestos de trabajo (RPT) que debiera ser consensuada con la representación sindical y con todos los grupos políticos, pero cada mes se plantean modificaciones puntuales, que en la mayoría de las veces únicamente tienen el apoyo de su gobierno.
La necesaria existencia de una RPT viene impuesta para todas las administraciones públicas por normativa estatal, siendo una herramienta en la que se plasma el diseño de cada una de ellas. Es, por así decirlo, el plano de cada organización, en el que, entre otras cuestiones, se describen los niveles profesionales que se precisan, sus funciones, sus responsabilidades y sus retribuciones, así como la dotación que se quiere dar a cada servicio. En consecuencia, también reflejan los continuos trasvases de la actividad de la estructura interna hacia las empresas privadas, a los que nadie pone coto, a pesar de la ingente cantidad de contratos menores (otros no tan menores) que continuamente salen de la churrera política.
Por otra parte, históricamente se ha negado la realización de procesos de consolidación de empleo temporal, tal como se habían acordado en el vigente convenio colectivo en el año 2009, que afectaban a más de ciento treinta plazas, pero en los plenos se afirma sin pestañear que la causa se debe a que son otros quienes no lo han querido o no lo han permitido.
En la actualidad, existe una temporalidad que supera el 35% en el Ayuntamiento y por encima del 60% en cada una de las fundaciones. Más allá de porcentajes están las personas que merecerían un mínimo reconocimiento a su contribución al servicio público y a su experiencia.
Apelamos, una vez más, a la necesidad de que estas dos cuestiones sean tratadas con voluntad real de resolución, de consensos amplios y con participación plural y abierta. Los hechos no son opiniones, aunque existan intentos reiterados para que muchas reivindicaciones parezcan únicamente el fruto de las ocurrencias u ociosidades que tenemos en algunos sindicatos.
